El gobernador Jorge Capitanich vetó en forma total la Ley 3884, aprobada el pasado 23 de agosto por el Poder Legislativo, por medio de la cual se creaban cargos en el Ministerio Público de la Defensa en la Jurisdicción 9 del Poder Judicial de la provincia. Los cargos creados por la normativa iban a ejercer asesoría en defensa pública de niñas, niños, adolescentes, ausentes, pobres e incapaces, barriales, civiles y penales.
Aunque los argumentos del mandatario provincial esgrimen que los cargos creados no están contemplados en la actual Ley de Presupuesto vigente, son improcedentes ya que la norma contempla la incorporación gradual y progresiva de estos para 2024, 2025 y 2026, por lo que no se vería afectado el presupuesto provincial durante este período.
En este sentido, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) habría manifestado la necesidad de esta ley en la Comisión de Legislación General del Poder Legislativo esgrimiendo que contaban con el presupuesto para ejecutar esta normativa.
A pesar de que permanentemente desde el Ministerio Público de la Defensa afirmaron que “estan en desigualdad de condiciones“ con relación al resto de los órganos jurisdiccionales, con este veto Capitanich niega el acceso a la justicia a las personas en condiciones de vulnerabilidad.
