Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola protagonizaron este martes su séptima audiencia de alegato acusador, en el marco del debate oral y público que encabeza el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uruburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, en la causa de las obras públicas concedidas a Lázaro Báez en Santa Cruz por los gobiernos kirchneristas.
En su alocución, Luciani vinculó los pagos millonarios a Baéz a épocas de campañas electorales presidenciales, como las de 2007 y 2011.
Además, Luciani habló de la manera en que se ocultaron durante 12 años las obras en cuestión al Congreso, contradiciendo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien había argumentado que las mismas se hicieron con un presupuesto aprobado por el Parlamento.
Por su parte, el otro fiscal de la causa, Sergio Mola, aseguró que los gobiernos kirchneristas humillaban a los empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que querían investigar a Báez.
Sobre este punto, Mola dijo que el primer desplazado fue el ex jefe de la Dirección Regional de la Afip de Comodoro Rivadavia, Norman Williams.
Interés financiero en beneficiar a Lázaro Báez
Los fiscales del juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 aseguraron que los ex presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner tuvieron un “interés financiero y personal” en beneficiar al empresario Lázaro Báez.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal insistieron con la idea de que las obras públicas viales, que le fueron adjudicadas a empresas de Báez en la provincia de Santa Cruz, lo fueron a través de licitaciones simuladas y señalaron que el empresario fue favorecido por el vínculo personal que supuestamente tenía con los ex presidentes.
“Los 51 procedimientos licitatorios que hemos estudiado fueron direccionados. No fueron verdaderas licitaciones: fueron simuladas”, “un empleado bancario en tres años se convirtió en el contratista más importantes de Santa Cruz” y “Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Lázaro Báez era Cristina Kirchner” fueron algunas de las frases que volvieron a utilizar los fiscales.
Luciani dedicó buena parte de su exposición a referirse a lo que calificó como “vínculos comerciales” entre empresas de Báez y firmas relacionadas con la entonces familia presidencial e invocó, como ejemplo, que Valle Mitre, de los Báez, “fue designada (en 2008) como administradora de tres de los cuatro hoteles de la ex familia presidencial”.
En ese contexto, el fiscal acusó a los ex mandatarios de “manejar durante doce años de manera discrecional los fondos públicos” para favorecer a Báez con “contratos viales de manera ilegal e irregular”, mientras que “celebraban todo tipo de acuerdos comerciales” con el empresario.
Hacia el final de la audiencia, Luciani volvió sobre los mensajes extraídos del teléfono celular del ex secretario de Obras Públicas, José López, condenado por enriquecimiento ilícito, en los que habla con empresarios y con otros funcionarios públicos, en lo que se refiere a obras públicas y licitaciones en Santa Cruz.
La audiencia de este martes había comenzado también con una exposición de Luciani, en la que se refirió al proceso de control de la obra pública en Santa Cruz como una “mala praxis institucional histórica”.
Con acento dramático, Luciani aseguró ante el tribunal que, “contrariamente a lo afirmado por Cristina Fernández de Kirchner, las obras públicas no fueron resorte exclusivo del Poder Legislativo entre los años 2004 y 2015, sino que, muy por el contrario, el Poder Ejecutivo concentró y monopolizó gran parte de las decisiones vinculadas a esta relevante actividad pública y llegó al punto de vulnerar algunas normas”.
La defensa de la ex presidenta, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, recusó la semana pasada a los fiscales Luciani y Mola y también al juez Jorge Gorini: a los primeros, por supuesta cercanía con la gestión de Mauricio Macri, y al último, por haber visitado la Casa Rosada durante el período 2015-2019.
A fines de la semana pasada, el tribunal rechazó los pedidos de recusación, que la defensa de la vicepresidenta prometió apelar, y dispuso que se continúe con el proceso y con la exposición del Ministerio Público.
Mola, por su parte, aseguró que consideran probado un “modelo de corrupción generalizada”, con eje en los “organismos de control”, como planteó Luciani al abrir la séptima jornada del alegato.
Mola aseguró que “organizaron las maniobras para que parecieran actos administrativos cumplidos”.
“En los 12 años (de gestión kirchnerista), no se designó en el organismo vial provincial al órgano encargado de realizar la tarea de control, al síndico de la AGVP (Administración General De Vialidad Provincial), ni al titular ni al suplente”, recordó Mola, y enumeró que “pasaron cuatro gobernadores y podría decir cinco, si incluimos también a Néstor Kirchner: era claro que no había ninguna intención de controlar”, opinó el fiscal.
Luego, manifestó: “En la Afip, hemos observado un ejercicio abusivo de poder en el desplazamiento de cargos, en la degradación administrativa, en la asignación de tareas meramente administrativas, en desmedro de funciones operativas e investigativas para las que estaban especialmente capacitados”.
