Connect with us

Judiciales

Rechazan apartar a la Oficina Anticorrupción de la causa por lavado de activos contra Lázaro Báez

Publicado

on

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 rechazó dos planteos con los cuales algunos de los acusados por supuestas maniobras de lavado de dinero en la causa en la que se encuentra detenido el empresario Lázaro Báez habían reclamado que la Oficina Anticorrupción (OA) fuera apartada del caso en el que interviene como querellante.

Los planteos rechazados “in límine” por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iníguez y Adriana Palliotti habían sido presentados por las defensas de los hijos de Báez y del detenido abogado Jorge Chueco, quienes reclamaban que la OA fuera apartada del caso luego de que esa oficina desistiera de la querella de las causas Hotesur y Los Sauces.

“Cabe precisar que no hay conexidad declarada entre las causas mencionadas, donde los objetos procesales por los cuales se requiriera la elevación a juicio son totalmente diferentes, y por lo tanto ninguna deducción o extensión se puede hacer respecto de una presentación de la Oficina Anticorrupción en el sentido pretendido”, sostuvieron los jueces en uno de los fallos conocido este miércoles y al que tuvo acceso Télam.

La causa se encuentra en juicio oral y público, interrumpido por la pandemia de coronavirus, y ya estaba atravesando la instancia de los alegatos: la Unidad de Información Financiera pidió 9 años de prisión para Báez, ya alegó la AFIP y lo estaba haciendo la Oficina Anticorrupción cuando comenzó la cuarentena.

Luego será el alegato de la fiscalía, a cargo de Abel Córdoba, después hablarán los defensores, se dará lugar a las últimas palabras y se dictará el veredicto; es decir, el juicio se encuentra en sus instancias finales, pero aún restan muchas audiencias.

Báez es juzgado junto a sus cuatro hijos Martín -también detenido-, Leandro, Melina y Luciana, el arrepentido Leonardo Fariña, el contador Daniel Pérez Gadin, el abogado Jorge Chueco y el financista Federico Elaskar, entre otros, por maniobras de lavado de dinero.

Comentá aquí

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Judiciales

El STJ confirmó condenas a integrantes de la banda de asaltantes que atemorizó Resistencia y que cumplirán hasta 20 años de prisión

Publicado

on

Por

Los hechos tuvieron lugar el 17 y 18 de diciembre de 2015 y el 19 de febrero de 2016, cuando los integrantes de la asociación delictiva (conformada por personas procedentes de la provincia de Buenos Aires con ayuda de autores locales) ingresaron a los domicilios de las víctimas utilizando llaves falsas o ganzúas; los ataron de pies y manos y, bajo amenazas, les sustrajeron distintos montos de dinero en efectivo en monedas nacional y extranjeras. Además, en el primer y tercer episodio quemaron en diversas zonas del cuerpo con una plancha a un varón y una mujer, respectivamente, para obtener más detalles sobre el botín que buscaban.

Las condenas

Por tales episodios, en la sentencia N° 38/19 sobre el expediente N° 1-161/19 (y sus agregados: Nº 35914/2015-1 y Nº 5469/2016-1), el tribunal colegiado de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia condenó a Sergio Hernán Quiroga a 20 años de prisión efectiva como coautor en tres hechos de robo triplemente calificado por el uso de arma impropia, uso de llave falsa, ganzúa o elemento similar; en lugar poblado y en banda en concurso ideal y privación ilegal de la libertad; todos en concurso real. En tanto que Jonathan Daniel Bertolotti y Sergio Daniel Martínez fueron condenados a 14 años de prisión efectiva como coautores en dos hechos con la misma tipificación descripta anteriormente.

Por su parte, Elizabeth González fue condenada a tres años de prisión en suspenso e igual período de cumplimiento de reglas de conducta como coautora de un hecho de encubrimiento agravado de robo triplemente calificado.

“Respuesta oportuna y eficaz”

En sus fundamentos, los jueces de la Sala Penal, rechazaron los recursos de casación presentados por las defensas de Sergio Martínez, Sergio Quiroga y Jonathan Bertolotti.

En tal sentido subrayaron tanto la labor realizada durante la etapa de investigación por la Fiscalía y los Juzgados de Garantías, porque la comprobación fue de gran dificultad, dado que requirió allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, como así también el trabajo acertado y experto del tribunal que valoró las pruebas de manera conjunta y llegó a una decisión razonada y coherente. Así lo pusieron de manifiesto al resaltar “el esmerado trabajo de los operadores judiciales para brindar respuesta oportuna y eficaz a las víctimas de tan lamentables y crueles sucesos y en gran medida a la comunidad en general que se vio alterada por demás en su ritmo de vida habitual ante la violencia desplegada y el accionar delictivo a plena luz del día en temporada estival cercana a las fiestas de fin de año”.

Los Jueces del STJ Toledo y Modi reconocieron el valor del correcto accionar de la justicia ante “la trascendencia social que el caso ha tenido en la ciudad de Resistencia, en especial por la crueldad puesta de manifiesto en el modo de comisión de los hechos acontecidos en el interior de las viviendas… que produjeran un temor de la vecindad de los domicilios afectados y un clamor social de que se investigue, juzgue y castigue a los culpables”.

Fundamentos

En la motivación del pronunciamiento del STJ, los Jueces de la Sala 2, sostuvieron que la decisión de la Cámara está apoyada sobre “sólidas bases fácticas” y contiene “un profuso cúmulo de circunstancias determinantes, que resultan relevantes para ubicarlo en el lugar de los hechos y seguidamente se puntualizan”.

Respecto al accionar en banda, remarcaron que todos los condenados “todos tenían el dominio funcional del hecho, cada uno asumiendo parte conforme el plan diseñado de antemano”. De forma que “el aporte individual era esencial para cada etapa de ejecución, los que vinculados permitieron llevar adelante el hecho tal como se describiera”. Y agregaron que cada uno “tuvo algo más que el dominio sobre su porción del hecho, existió cooperación funcional, actuando todos libremente y sin coacciones”.

Además detallaron que la plancha se utilizó “como elemento de tortura” que brindó a los condenados “mayor poder ofensivo para lograr su cometido”. Aquí también recordaron que, aunque la ley no define el concepto de arma, siguiendo la tesis subjetiva se entiende que es “todo instrumento que sirve para la ofensa o la defensa, o sea, con el cual se puede dañar a una persona, o bien neutralizar una agresión”.

También se adentraron en el análisis de por qué correspondió el agravante en poblado y en banda, para lo cual siguieron el criterio de la Sala en cuanto a que tal figura es aplicable “cuando la ejecución del acto ilícito se efectiviza por un mínimo de tres personas que se asocien criminalmente en forma previa para cometer hechos indeterminados y no debido a un evento accidental”. “En el presente caso, surge con sobrada evidencia que Sergio Daniel Martínez, Sergio Hernán Quiroga, y Jonathan Daniel Bertolotti constituyeron una banda dentro de los parámetros explicitados”, explicaron.

En otro tramo de su análisis, Toledo y Modi, ponderaron el trabajo de los camaristas, sobre quienes dijeron: “al compás de los distintos parámetros de estricto carácter normativo, confrontaron los extremos fácticos de los ilícitos culpables en forma armónica con la coyuntura que envolvieron los eventos”.

“Los jueces llegaron a la solución, apoyados en abundante material probatorio, con fuerza suficiente para destruir el principio de inocencia” y “explicaron con razonamiento lógico cómo arribaron a las conclusiones sobre la existencia del hecho, la autoría por parte de los condenados, la forma en que operaron las agravantes, resultando válidos los argumentos y citas jurisprudenciales”, ejemplificaron al fundar su decisión. A su vez, destacaron que la decisión de la Cámara fue razonada y lógica “en base a un amplio caudal probatorio”.

Por último estimaron válida la afirmación del tribunal respecto de que intervinieron al menos tres personas, “tal como se desprende de las bases fácticas fijadas por la Cámara, que deben ser integralmente respetadas, habiéndose acreditado suficientemente que los imputados conformaron una banda en los términos consignados”.

Seguir leyendo

Chaco

La Justicia Federal citó a indagatoria al pastor Ledesma

Publicado

on

Por

El pastor evangélico Jorge Ledesma deberá prestar declaración indagatoria ante la Justicia Federal este viernes 31, desde las 10, al aceptar el titular del Juzgado Federal Numero 2, Enrique Bosch, el requerimiento del fiscal Patricio Sabadini. En un principio, se lo acusa de haber violado las normas establecidas por el gobierno nacional para frenar el avance del coronavirus.

Este martes se supo que el juez Enrique Bosch aceptó la petición del fiscal Patricio Sabadini para citar a declaración indagatoria al organizador del denominado “autoculto” durante el pasado 31 de mayo, en la conmemoración del Pentecostés. En primera instancia se va a citar para este miércoles 29 a su abogado defensor y dos jornadas más tarde deberá acudir el propio Jorge Ledesma, quien no solamente organizó la ceremonia donde se congregaron entre 800 y 1.000 personas sino que, además, transmitió por medios televisivos y redes sociales ese evento.

Esta causa se inició con una denuncia presentada por el ex delegado del INADI, Javier Dumrauf, tras la publicación de las imágenes del “autoculto” organizado por Ledesma. A partir de ahí se pidieron informes oficiales a la Municipalidad de Resistencia, a la dirección de Cultos de la Provincia y a la Gobernación sobre los permisos que pudieran haberse dado para la realización de esa reunión que, en un principio estaba prohibida por la vigencia del Decreto Nacional de Necesidad y urgencia que determinó el Aislamiento Social Obligatorio.

El planteo de la Fiscalía se acompaña además del testimonio de fotografías y filmaciones que las propias personas que participaron de este “auto culto” subieran a las redes sociales. La concurrencia no solamente fue en automóviles, sino también en motos, bicicletas y a pie. Además en muchos casos no se respetó el distanciamiento social en un momento que la ciudad de Resistencia tenía registrados varios “focos” de contagios de Coronavirus en barrios populosos. Es más, la propia congregación religiosa difundió la actividad con un comunicado y fotos, que dieron lugar a que Dumrauf presentara la denuncia ante el fiscal Sabadini. Con las pruebas en mano, el Ministerio Público Fiscal estaría en condiciones de acusar a Ledesma de haber transgredido las normas de emergencia sanitaria y de haber expuesto a muchas personas a la posibilidad de ser contagiadas con el covid-19.

Seguir leyendo

Judiciales

Exdirector de Jurídicos de AFI ante Bicameral intentó despegarse de presunto espionaje ilegal

Publicado

on

Por

Juan Sebastián Destéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos, concurrió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia donde intentó despegarse de las versiones de otros agentes como uno de los protagonistas de las supuestas maniobras de espionaje ilegal desarrolladas por el organismo en el Gobierno pasado de Mauricio Macri.

El ex agente Destéfano, que la semana pasada había rechazado la convocatoria por consejo de su abogado -según él mismo reflejó en una nota que remitió a la comisión- esta vez acató la intimación de los legisladores que le habían anticipado que lo denunciarían si se ausentaba sin una excusa válida y se presentó acompañado por dos letrados.

El exjefe del área de Jurídicos de la AFI presentó un escrito de cinco carillas, que le pidieron que leyera en voz alta, con el que buscó despegarse de las declaraciones de otros agentes y exagentes que lo ubicaron en un lugar protagónico dentro de la estructura que desarrolló y encubrió las supuestas maniobras de espionaje ilegal que también investiga la justicia.

Tras adelantar que no se sometería a preguntas de los legisladores del oficialismo y la oposición, Destéfano leyó el escrito en el que sostuvo que su área dependía de la dirección de la AFI, a cargo de Gustavo Arribas, mientras que las cuestiones operacionales estaban bajo la órbita de la subdirectora Silvia Majdalani, y aseguró que se limitó a elevar informes que a él le llegaban desde las otras áreas de la agencia, según pudo reconstruir Télam de fuentes parlamentarias.

En una parte de su exposición, en la que describió sus funciones en la AFI, cuestionó las declaraciones que el ex jefe operacional de Contrainteligencia, Martín Coste, dio ante la comisión bicameral y la justicia en las que lo sindicó como un actor fundamental en el armado de la documentación que se utilizó para intentar dar apariencia legal al espionaje realizado sobre el Instituto Patria y sobre el domicilio de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en 2018.

En la causa judicial que tramita en Lomas de Zamora, los fiscales Cecilia Incardona y Satiago Eyherabide aseguraron que efectivamente los acusados de realizar espionaje ilegal “intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes recibidas en causas judiciales”.

En otra de las declaraciones ocurridas en el marco de la Bicameral, el agente de Contrainteligencia Andrés Bertolini había remarcado que durante el gobierno de Cambiemos el área encabezada por Destéfano había crecido de manera desproporcionada hasta crear una suerte de “agencia dentro de la agencia” que tenía exclusividad en el vínculo con la justicia, hacía escuchas telefónicas, llevaba causas y tenía un área operativa.

Destéfano cuestionó esas declaraciones, señaló a su otrora colega José Padilla como quien supuestamente manejaba el vínculo con los jueces y se mostró molesto por la convocatoria al Congreso tras señalar que hay causas judiciales abiertas en las que podría ser citado, oportunidad en la que estaría dispuesto a hacer un amplio descargo.

Para el martes próximo la comisión planea continuar con la convocatoria de exagentes de inteligencia del área de Jurídicos de la AFI entre los que se encuentran quien fuera señalado como “sr. Martiré” y Bernanrdo Migues, el exempleado del juzgado del fallecido Claudio Bonadio, de quien se sospecha que habría coordinado la elaboración de los documentos confeccionados para dar apariencia de legalidad al espionaje contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En simultáneo, la comisión ya comenzó a trabajar en la auditoría de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia y está previsto que el equipo que trabaja en ello presente un primer informe preliminar en las próximas semanas.

Tres abogados y dos informáticos conforman el equipo que por estos días se encuentra analizando todas las intercepciones telefónicas realizadas por pedido de la AFI vía precausas y todas las solicitadas por jueces en el marco de causas judiciales en los que tuvo alguna intervención la central de espías.

Seguir leyendo

Destacados