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Justicia

Ordenan la detención internacional de dos imputados por lavado de dinero

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El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dictó hoy las órdenes de captura internacional para dos imputados por supuesto lavado de dinero, en el marco del caso en el que se investiga una red de espionaje ilegal que aparentemente tenía entre sus protagonistas al detenido falso abogado Marcelo D´alessio.

El magistrado requirió al Departamento de Interpol de la Policía Federal que publique y difunda la información de los imputados Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti y Aldo Eduardo Sánchez para que sean detenidos a los efectos de ser traídos a la Argentina para que se les tome declaración indagatoria.

Se trata de dos, de los cinco integrantes del “Grupo Buenos Aires”, tal como fuera rotulado el grupo de WhatsApp detectado en el teléfono celular de D´alessio del cual se obtuvieron los primeros indicios de presuntas maniobras de lavado de dinero, según surge de la resolución de 98 páginas a la que accedió Télam.

“En el caso de Carthy de Gorriti, el 24 de junio de 2019, se dispuso declararlo rebelde y ordenar su inmediata detención (…), ante las reiteradas ausencias injustificadas a las citaciones del tribunal a prestar declaración indagatoria, situación procesal en la que aún permanece el día de hoy”, destacó Ramos Padilla en su fallo.

Los otros tres integrantes del grupo investigado eran el propio D´alessio, el empresario Pablo Bloise y el ex comisario Ricardo Bogoliuk, quien se encuentra detenido e imputado también en la parte central de la causa en la que se investiga una red de espionaje ilegal y extorsión por la cual fue procesado, entre otros, el fiscal federal Carlos Stornelli.

El juez Ramos Padilla recordó en su resolución que “Marcelo D’Alessio, Ricardo Bogoliuk y Pablo Leonardo Bloise fueron procesados por del delito de asociación ilícita, dedicada a efectuar de forma habitual, organizada, con división de roles específicos y de manera estable en el tiempo, transferencias financieras internacionales a sabiendas del origen ilícito de los fondos y con la finalidad de simular dicho origen ilícito, dar apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en circulación en el mercado”.

Las presuntas maniobras de lavado fueron descubiertas a partir de documentos y diálogos encontrados en el teléfono de D’Alessio, en los que se habla de la obtención de una licencia para efectuar operaciones offshore, utilizando como base para ello una filial del Foreign Forance Bank en Anoujan, Islas Comores.

“De acuerdo con los documentos intercambiados, la primera operación que intentaron llevar adelante implicaba un monto elevado de dinero. En ese sentido, las partes refieren que la transferencia sería de 500 millones de euros, cifra que las personas que tenían contacto con Carthy de Gorriti necesitaban colocar en el sistema bancario”, se detalló en la resolución.

Las actividades del grupo acusado de cometer ilícitos “se centraban en relacionar a los actores intervinientes en estas operaciones, con trato directo con ellos en diversas oportunidades, y materializar de ese modo transferencias monetarias de cientos de millones de euros entre distintos países, con procedimientos que dificultasen tanto la trazabilidad de los verdaderos emisores y receptores de los fondos como conocer su verdadero origen y, al mismo tiempo, para intentar darle sustento legal a la tenencia del dinero al introducirlo al circuito bancario”.

El grupo “Buenos Aires” da cuenta “de varias operaciones de gran volumen económico de estas características, siempre propuestas por Carthy de Gorriti, para las que se requerirían de los ´servicios´ de Bloise”, según se detalló en la resolución.

A fin de avanzar con la investigación de los hechos descriptos en la resolución de hoy, el juez Ramos Padilla le dio intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración General de la Nación.

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Justicia

La Justicia ordenó reinstalar en su puesto a una panadera despedida durante la pandemia

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La Justicia de San Luis ordenó en las últimas horas la reinstalación en su puesto de trabajo de una delegada del gremio de panaderos a través de una medida cautelar, luego de haber sido despedida durante la pandemia de coronavirus.

La medida fue ordenada por el titular del Juzgado Laboral N° 2, Gerardo González, de la Segunda Circunscripción Judicial de la ciudad de Villa Mercedes, quien hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la trabajadora.

En su análisis, el juez determinó la procedencia de la medida cautelar por cumplirse “la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora”.

González, explicó que se corroboró que la empleada fue despedida “sin expresión de causa y en una clara infracción al Decreto 329/20 del Poder Ejecutivo Nacional, que prohíbe los despidos sin causa y establece que no serán válidos”.

A su vez, González aclaró que el abogado defensor fundó su pedido “en la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales porque la empleada es integrante de la comisión directiva del gremio”.

El juez ordenó la reinstalación preventiva de la empleada en su puesto “sin perjuicio de lo que luego se pueda resolver en una sentencia y analizando la cuestión de fondo”.

En declaraciones a la prensa de Villa Mercedes, la delegada destacó “la lucha gremial para que esto no le vuelva a ocurrir a ningún trabajador”.

El abogado defensor de la empleada de la panadería “La Exposición”, ubicada en la Zona Estación de Villa Mercedes, manifestó que cuando la mujer asumió responsabilidades gremiales “comenzaron los problemas y las persecuciones” en su lugar de trabajo.

“La reinstalación a su puesto de trabajo está acompañada por un apercibimiento y si el comercio no cumple, se le aplicará una sanción pertinente”, agregó el abogado defensor.

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Justicia

Kicillof, tras ser sobreseído en causa por enriquecimiento: “Era una denuncia inventada”

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo, que era “una denuncia inventada” para “sembrar sospechas y ensuciar”, en referencia a la causa por enriquecimiento ilícito de la que fue sobreseído ayer, que se fundó en la presentación de un particular y fue impulsada por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien indagó durante 2014 la evolución patrimonial del ex ministro de Economía.

Para Kicillof se trató de un caso de “lawfare” y, para referirse a su caso, citó palabras del presidente Alberto Fernández: “Nunca más a la persecución judicial”.

“Después de cinco años, hoy finalmente, me sobreseyeron en una causa por enriquecimiento ilícito. Era una denuncia inventada en 2015, cuando era ministro de Economía y candidato a diputado. Nació con una nota de Clarín que fue escrita sin base real, para sembrar sospechas y ensuciar”, relató anoche el gobernador en su cuenta de Twitter.

La resolución fue tomada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, luego de analizar varias pericias contables llevadas a cabo por el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación especializados en casos de Corrupción y Delitos contra la Administración.

Estas pesquisas concluyeron que “no había irregularidades y que los ingresos y egresos de Kicillof justificaban su patrimonio, razón por la que no existían cuestiones que esclarecer”.

En un hilo publicado en Twitter, el gobernador explicó que “un abogado militante del PRO armó la denuncia voligoma, que consiste en cortar la nota del diario, pegarla en una hoja y presentarla a la Justicia”, y añadió que el fallecido juez (Claudio) “Bonadio le dio lugar e inició una investigación”, que “cada tanto avanzaba”.

“Cada episodio generaba miles de titulares que me asociaban a la corrupción”, recordó Kicillof y consideró que esa “metodología ya la conocemos y no fui ni la única víctima, ni el que peor la pasó. Consiste en usar la prensa y la Justicia para perseguir y desprestigiar adversarios políticos. En una palabra: Lawfare”.

En esa línea, el gobernador afirmó que “ahora esta causa se cerró y yo fui sobreseído, pero seguramente esta información no tendrá la misma repercusión mediática”, y estimó que “muchos de quienes fueron bombardeados durante años con la noticia, hoy ni siquiera se enterarán de mi sobreseimiento”.

Finalmente, Kicillof destacó que “vale la pena recordar lo que dijo Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso Nacional, hace pocos meses: ‘Nunca Más a la persecución judicial'”.

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Chaco

Por violar el aislamiento social, revocan la domiciliaria al imputado por amenazar de muerte a su expareja

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Luego de que la querella aportara una publicación de la red social Instagram en la que se ve a Mauro Martínez compartir una reunión social junto a dos amigos en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, la jueza de Garantías Nº 1 de Resistencia, María de las Mercedes Pereyra, decidió revocar la prisión domiciliaria que le había otorgado anteriormente por una supuesta condición de salud de riesgo de Covid-19 que nunca se logró acreditar en la causa. La medida se dio luego de la audiencia realizada para analizar la oposición a la prisión preventiva solicitada por la defensa de Martínez, que, finalmente, terminó siendo confirmada. Además, la magistrada dispuso que el imputado por amenazar a su expareja y otros delitos en contexto de violencia de género sea alojado en dependencias de la Comisaría de la localidad de Margarita Belén, lo que se concretó durante la tarde de este viernes.

A Martínez se le imputan cinco delitos cometidos contra su ex pareja V.D., en contexto de violación a la Ley de Protección Integral de la Mujer: “amenazas con armas en concurso real con daño”, “violación de domicilio y lesiones”, “violación de domicilio”, “desobediencia judicial y daños” y “desobediencia judicial en concurso real con amenazas y robo”.

“Escalada de violencia”

Luego de analizar los planteos de la defensa técnica contra el dictado de la prisión preventiva, la jueza Pereyra consideró que “(…) resulta sencillo advertir, al menos hasta esta etapa del proceso, que la Sra. V.D. de un tiempo a esta parte, viene sufriendo una escalada de violencia por parte de su ex pareja Mauro Martínez”. Agregó además, que “es posible ver que V.D. viene siendo el blanco de una conducta autoritaria y cargada de violencia, que la atemoriza constantemente”.

“Realizando un análisis con perspectiva de género, no es posible cerrar los ojos ante la vulnerabilidad que se observa en la denunciante, por la violencia ínsita en los hechos que ha puesto en conocimiento de las autoridades, que se desprende de la lectura de cada presentación”, sostiene en su resolución la magistrada.

En ese contexto, consideró que el dictado de la prisión preventiva por parte de la Fiscalía Nº 11 devino “proporcionada al estado de la causa, pues se encuentran acreditados los peligros procesales que validan su aplicación, toda vez que se advierte claramente que en caso de encontrarse en libertad, podrá tratar de direccionar el curso del proceso, obstaculizando el descubrimiento de la verdad de los hechos denunciados, sobre todo por el gran temor que le produce a la víctima”. También consideró que “no es improbable” que el imputado pueda eludir el accionar de la justicia, “dado que ya lo ha hecho con anterioridad, dándose a la fuga en este proceso, habiendo sido detenido en la vecina Provincia de Corrientes”.

Fin de la prisión domiciliaria

Vale recordar que tanto la Fiscalía como la querella de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros que representa a la víctima V.D. habían apelado la decisión de la jueza de concederle la domiciliaria al imputado teniendo en cuenta que no había aportado ninguna documentación que certificara que su estado de salud lo incluía dentro de los grupos de riesgo por Covid-19. Según pudo saber CHACODIAPORDIA.COM, en la resolución firmada este viernes 22 de mayo la jueza Pereyra confirmó que la defensa técnica de Martínez “…no ha presentado los estudios médicos o historia clínica, recetas de medicación u otra documentación que pudiera acreditar la condición de salud invocada”.

Sin embargo, lo que motivó el cambio de criterio de la jueza es que Martínez participó de una reunión social con amigos infringiendo la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). En ese contexto, la jueza consideró que “Esta imagen hasta puede considerarse ofensiva no solo para la querellante, sino también para la sociedad toda, que tiene conocimiento del estado de esta causa y la situación actual de Martínez, que da la imagen de que, en vez de estar cumpliendo con una prisión preventiva, se encuentra disfrutando de una reunión de amigos, con total despreocupación sobre las consecuencias de su obrar”.

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