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Judiciales

Ordenan la detención internacional de dos imputados por lavado de dinero

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El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dictó hoy las órdenes de captura internacional para dos imputados por supuesto lavado de dinero, en el marco del caso en el que se investiga una red de espionaje ilegal que aparentemente tenía entre sus protagonistas al detenido falso abogado Marcelo D´alessio.

El magistrado requirió al Departamento de Interpol de la Policía Federal que publique y difunda la información de los imputados Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti y Aldo Eduardo Sánchez para que sean detenidos a los efectos de ser traídos a la Argentina para que se les tome declaración indagatoria.

Se trata de dos, de los cinco integrantes del “Grupo Buenos Aires”, tal como fuera rotulado el grupo de WhatsApp detectado en el teléfono celular de D´alessio del cual se obtuvieron los primeros indicios de presuntas maniobras de lavado de dinero, según surge de la resolución de 98 páginas a la que accedió Télam.

“En el caso de Carthy de Gorriti, el 24 de junio de 2019, se dispuso declararlo rebelde y ordenar su inmediata detención (…), ante las reiteradas ausencias injustificadas a las citaciones del tribunal a prestar declaración indagatoria, situación procesal en la que aún permanece el día de hoy”, destacó Ramos Padilla en su fallo.

Los otros tres integrantes del grupo investigado eran el propio D´alessio, el empresario Pablo Bloise y el ex comisario Ricardo Bogoliuk, quien se encuentra detenido e imputado también en la parte central de la causa en la que se investiga una red de espionaje ilegal y extorsión por la cual fue procesado, entre otros, el fiscal federal Carlos Stornelli.

El juez Ramos Padilla recordó en su resolución que “Marcelo D’Alessio, Ricardo Bogoliuk y Pablo Leonardo Bloise fueron procesados por del delito de asociación ilícita, dedicada a efectuar de forma habitual, organizada, con división de roles específicos y de manera estable en el tiempo, transferencias financieras internacionales a sabiendas del origen ilícito de los fondos y con la finalidad de simular dicho origen ilícito, dar apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en circulación en el mercado”.

Las presuntas maniobras de lavado fueron descubiertas a partir de documentos y diálogos encontrados en el teléfono de D’Alessio, en los que se habla de la obtención de una licencia para efectuar operaciones offshore, utilizando como base para ello una filial del Foreign Forance Bank en Anoujan, Islas Comores.

“De acuerdo con los documentos intercambiados, la primera operación que intentaron llevar adelante implicaba un monto elevado de dinero. En ese sentido, las partes refieren que la transferencia sería de 500 millones de euros, cifra que las personas que tenían contacto con Carthy de Gorriti necesitaban colocar en el sistema bancario”, se detalló en la resolución.

Las actividades del grupo acusado de cometer ilícitos “se centraban en relacionar a los actores intervinientes en estas operaciones, con trato directo con ellos en diversas oportunidades, y materializar de ese modo transferencias monetarias de cientos de millones de euros entre distintos países, con procedimientos que dificultasen tanto la trazabilidad de los verdaderos emisores y receptores de los fondos como conocer su verdadero origen y, al mismo tiempo, para intentar darle sustento legal a la tenencia del dinero al introducirlo al circuito bancario”.

El grupo “Buenos Aires” da cuenta “de varias operaciones de gran volumen económico de estas características, siempre propuestas por Carthy de Gorriti, para las que se requerirían de los ´servicios´ de Bloise”, según se detalló en la resolución.

A fin de avanzar con la investigación de los hechos descriptos en la resolución de hoy, el juez Ramos Padilla le dio intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración General de la Nación.

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Chaco

La Justicia Federal citó a indagatoria al pastor Ledesma

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El pastor evangélico Jorge Ledesma deberá prestar declaración indagatoria ante la Justicia Federal este viernes 31, desde las 10, al aceptar el titular del Juzgado Federal Numero 2, Enrique Bosch, el requerimiento del fiscal Patricio Sabadini. En un principio, se lo acusa de haber violado las normas establecidas por el gobierno nacional para frenar el avance del coronavirus.

Este martes se supo que el juez Enrique Bosch aceptó la petición del fiscal Patricio Sabadini para citar a declaración indagatoria al organizador del denominado “autoculto” durante el pasado 31 de mayo, en la conmemoración del Pentecostés. En primera instancia se va a citar para este miércoles 29 a su abogado defensor y dos jornadas más tarde deberá acudir el propio Jorge Ledesma, quien no solamente organizó la ceremonia donde se congregaron entre 800 y 1.000 personas sino que, además, transmitió por medios televisivos y redes sociales ese evento.

Esta causa se inició con una denuncia presentada por el ex delegado del INADI, Javier Dumrauf, tras la publicación de las imágenes del “autoculto” organizado por Ledesma. A partir de ahí se pidieron informes oficiales a la Municipalidad de Resistencia, a la dirección de Cultos de la Provincia y a la Gobernación sobre los permisos que pudieran haberse dado para la realización de esa reunión que, en un principio estaba prohibida por la vigencia del Decreto Nacional de Necesidad y urgencia que determinó el Aislamiento Social Obligatorio.

El planteo de la Fiscalía se acompaña además del testimonio de fotografías y filmaciones que las propias personas que participaron de este “auto culto” subieran a las redes sociales. La concurrencia no solamente fue en automóviles, sino también en motos, bicicletas y a pie. Además en muchos casos no se respetó el distanciamiento social en un momento que la ciudad de Resistencia tenía registrados varios “focos” de contagios de Coronavirus en barrios populosos. Es más, la propia congregación religiosa difundió la actividad con un comunicado y fotos, que dieron lugar a que Dumrauf presentara la denuncia ante el fiscal Sabadini. Con las pruebas en mano, el Ministerio Público Fiscal estaría en condiciones de acusar a Ledesma de haber transgredido las normas de emergencia sanitaria y de haber expuesto a muchas personas a la posibilidad de ser contagiadas con el covid-19.

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Judiciales

Exdirector de Jurídicos de AFI ante Bicameral intentó despegarse de presunto espionaje ilegal

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Juan Sebastián Destéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos, concurrió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia donde intentó despegarse de las versiones de otros agentes como uno de los protagonistas de las supuestas maniobras de espionaje ilegal desarrolladas por el organismo en el Gobierno pasado de Mauricio Macri.

El ex agente Destéfano, que la semana pasada había rechazado la convocatoria por consejo de su abogado -según él mismo reflejó en una nota que remitió a la comisión- esta vez acató la intimación de los legisladores que le habían anticipado que lo denunciarían si se ausentaba sin una excusa válida y se presentó acompañado por dos letrados.

El exjefe del área de Jurídicos de la AFI presentó un escrito de cinco carillas, que le pidieron que leyera en voz alta, con el que buscó despegarse de las declaraciones de otros agentes y exagentes que lo ubicaron en un lugar protagónico dentro de la estructura que desarrolló y encubrió las supuestas maniobras de espionaje ilegal que también investiga la justicia.

Tras adelantar que no se sometería a preguntas de los legisladores del oficialismo y la oposición, Destéfano leyó el escrito en el que sostuvo que su área dependía de la dirección de la AFI, a cargo de Gustavo Arribas, mientras que las cuestiones operacionales estaban bajo la órbita de la subdirectora Silvia Majdalani, y aseguró que se limitó a elevar informes que a él le llegaban desde las otras áreas de la agencia, según pudo reconstruir Télam de fuentes parlamentarias.

En una parte de su exposición, en la que describió sus funciones en la AFI, cuestionó las declaraciones que el ex jefe operacional de Contrainteligencia, Martín Coste, dio ante la comisión bicameral y la justicia en las que lo sindicó como un actor fundamental en el armado de la documentación que se utilizó para intentar dar apariencia legal al espionaje realizado sobre el Instituto Patria y sobre el domicilio de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en 2018.

En la causa judicial que tramita en Lomas de Zamora, los fiscales Cecilia Incardona y Satiago Eyherabide aseguraron que efectivamente los acusados de realizar espionaje ilegal “intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes recibidas en causas judiciales”.

En otra de las declaraciones ocurridas en el marco de la Bicameral, el agente de Contrainteligencia Andrés Bertolini había remarcado que durante el gobierno de Cambiemos el área encabezada por Destéfano había crecido de manera desproporcionada hasta crear una suerte de “agencia dentro de la agencia” que tenía exclusividad en el vínculo con la justicia, hacía escuchas telefónicas, llevaba causas y tenía un área operativa.

Destéfano cuestionó esas declaraciones, señaló a su otrora colega José Padilla como quien supuestamente manejaba el vínculo con los jueces y se mostró molesto por la convocatoria al Congreso tras señalar que hay causas judiciales abiertas en las que podría ser citado, oportunidad en la que estaría dispuesto a hacer un amplio descargo.

Para el martes próximo la comisión planea continuar con la convocatoria de exagentes de inteligencia del área de Jurídicos de la AFI entre los que se encuentran quien fuera señalado como “sr. Martiré” y Bernanrdo Migues, el exempleado del juzgado del fallecido Claudio Bonadio, de quien se sospecha que habría coordinado la elaboración de los documentos confeccionados para dar apariencia de legalidad al espionaje contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En simultáneo, la comisión ya comenzó a trabajar en la auditoría de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia y está previsto que el equipo que trabaja en ello presente un primer informe preliminar en las próximas semanas.

Tres abogados y dos informáticos conforman el equipo que por estos días se encuentra analizando todas las intercepciones telefónicas realizadas por pedido de la AFI vía precausas y todas las solicitadas por jueces en el marco de causas judiciales en los que tuvo alguna intervención la central de espías.

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Judiciales

Procesan al exministro Dujovne en la causa de los peajes

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El exministro de Hacienda del Gobierno de Cambiemos Nicolás Dujovne fue procesado hoy, sin prisión preventiva, por la supuesta comisión de los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018.

El procesamiento fue dispuesto por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien además le trabó un embargo sobre los bienes de 100 millones de pesos, según consta en el fallo de 133 páginas al que tuvo acceso Télam.

Se trata del cuarto exfuncionario de Cambiemos procesado en este expediente, en el que se investiga si desde el Gobierno de Mauricio Macri se favoreció a empresas concesionarias de peajes, como Autopistas del Sol S.A (AUSOL), que habían estado vinculadas comercialmente con empresas de la familia del expresidente.

Los otros exfuncionarios procesados fueron el exministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel, y el exProcurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, aunque a ellos se les endilgó el delito de administración fraudulenta en contra de las arcas del Estado.

Para Canicoba Corral, Dujovne es responsable de omitir “intencionalmente intervenir, conforme el cargo que desempeñaba, en el trámite de renegociación contractual, el cual debería haber suscripto y en todo caso, haber confeccionado los informe técnicos, económicos y dictámenes jurídicos propios de esa cartera con incumbencia en la materia”.

“Ha quedado demostrado, con el grado de certeza exigido en esta etapa procesal que el nombrado intencionalmente no ejecutó la normativa cuyo cumplimiento le incumbía, conforme el cargo que desempeñaba”, enfatizó el magistrado en el fallo, en el que señaló que el exministro buscó deliberadamente evitar estampar su firma en las renegociaciones ahora investigadas como irregulares.

En este expediente se investigan maniobras a través de las cuales las empresas AUSOL y Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste respectivamente hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio, y se garantizaron así que el Estado les reconociera deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, según el caso.

Para el magistrado, la actitud del exministro de Hacienda “permitió que con fecha 26 de junio de 2018 se celebraran en favor de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, los Acuerdos de Renegociación Contractual de contratos de Concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste, respectivamente, sin realizar objeciones el nombrado en cuanto a que sus cláusulas podían resultar contrarios a la ley vigente o perjudiciales para las arcas del Estado”.

La pesquisa gira en torno a la extensión irregular de los contratos y al reconocimiento de multimillonarias cifras a las empresas por inversiones supuestamente realizadas, “pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida”.

En resoluciones anteriores el magistrado recordó que para llevar a cabo las maniobras se argumentó una “supuesta presión de un trámite arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)” en base a una demanda contra la Argentina “que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable”.

La demanda ante el tribunal internacional, formulada por una empresa que había estado vinculada al Grupo Macri y presentada pocos días antes de que Mauricio Macri asumiera la Presidencia, sirvió -según surge de la investigación- para intentar simular un contexto internacional que justificara que el Estado argentino reconociera a las concesionarias lo que reclamaban.

Pese a ello, el 26 de junio de 2018 “se celebraron en favor de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, los Acuerdos de Renegociación Contractual de contratos de Concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste”, remarcó el juez.

El Estado “terminó abonando sumas millonarias, que ni a través de un informe técnico especializado, como tampoco de la parte resolutiva o fundamentos del Acuerdo surgen justificadas”, concluyó el magistrado que mañana cumplirá 75 años, en lo que será su último día en el ejercicio de la magistratura.

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