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Naciones Unidas comprometió su apoyo al Consejo Económico y Social que propuso el Presidente

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El presidente Alberto Fernández se reunió esta mañana en la residencia de Olivos con altos representantes de Naciones Unidas que trabajan en el país, a quienes agradeció la contribución que los organismos internacionales realizan para avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo y, en particular, su aporte al diseño de políticas públicas para dar respuesta a los efectos de la propagación del coronavirus COVID-19.

Durante el encuentro, los funcionarios analizaron posibilidades de cooperación sobre los principales desafíos para el desarrollo del país en un escenario de post-pandemia y manifestaron un fuerte apoyo a la formación del Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino, que fue anunciado por el Presidente.

“Estamos en condiciones de poner en marcha próximamente este Consejo Económico y Social. Su opinión es bienvenida y va a ser un gran aporte para su constitución “, les expresó el mandatario.

Participaron el coordinador residente de las Naciones Unidas en Argentina, Roberto Valent; el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país, Pedro Furtado de Oliveira; el representante local del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), René Mauricio Valdés; y el director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Martín Abeles. El subsecretario general de la ONU y director regional del PNUD, Luis Felipe López Calva, estuvo presente mediante videoconferencia.

El Jefe de Estado les agradeció por la tarea que realizan desde hace años en el país y, en especial, su trabajo en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus, ya que el apoyo y las recomendaciones que estas agencias aportaron durante la crisis sanitaria colaboraron con el diseño de la respuesta por parte del Estado.

Asimismo, los representantes de los organismos internacionales exploraron posibilidades de cooperación en el marco del proceso de diálogo social anunciado por el Presidente y brindaron su firme apoyo a la propuesta de formación de un Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino como instancia participativa y dinámica de intercambio entre los diversos sectores de la sociedad.

La OIT, el PNUD, la CEPAL y la ONU comprometieron todos sus esfuerzos, y su extensa experiencia práctica y técnica a nivel regional y global, para asistir al Gobierno nacional en el diseño de un plan estratégico, basado en propuestas innovadoras, que siente las bases para definir el rumbo de una Argentina sostenible, dinámica e inclusiva en un escenario post-pandemia.

Acompañó al mandatario durante la reunión el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

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Confirman procesamientos de Cristobal López, De Souza y Sanfelice en causa por presunto lavado

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La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó los procesamientos de Cristobal López, Carlos Fabián De Souza y Osvaldo José Sanfelice en una causa que investiga supuestas maniobras delictivas realizadas mediante las empresas Agosto SA y otras del Grupo Indalo, informaron fuentes judiciales.

La medida fue dispuesta por la sala I de ese tribunal con la firmas de los jueces Leopoldo Oscar Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi y Mariano Llorens.

Los magistrados resolvieron no hacer lugar a los distintos planteos presentados por los recurrentes, procesados por el delito de lavado de activos, en carácter de coautores, en concurso real con el de asociación ilícita.

Los camaristas se pronunciaron de ese modo tras un fallo dictado por el juez Julián Ercolini y además, en el punto 4 de la resolución, confirmaron la orden de “trabar embargo sobre el patrimonio” de los procesados.

Por otra parte, confirmaron la falta de mérito para procesar o sobreseer a los hijos del empresario, Cristóbal Nazareno López y Emiliano López, así como a otros dos imputados, Raúl Esteban Zamora y Marta Alcira Leiva.

El fallo, fechado hoy, confirmó el embargo trabado sobre “los bienes de Agosto SA y estar a los embargos decretados respecto del patrimonio de Álcalis de la Patagonia SAIC, Oil M&S SA y CPC SA”.

Los magistrados, asimismo, resolvieron revocar parcialmente la disposición “en lo referente a la inmovilización y congelamiento de las cuentas bancarias de Carlos Fabián De Sousa y Cristóbal Manuel López”.

El magistrado Llorens manifestó en el fallo coincidir con sus colegas preopinantes en cuanto a la resolución de las cuestiones preliminares tal como fueron planteadas”.

“Sin embargo, difiero con ellos en lo relativo a la solución del fondo”, expresó y explicó que “un préstamo dinerario entre empresas del mismo grupo no constituye, por sí mismo, delito alguno”.

“Más allá de los cargos que formalmente ostentaban en las sociedades cuestionadas, no surgen del expediente intervenciones materiales de los nombrados”, concluyó el juez.mo tiene por fin canalizar bienes provenientes de algún ilícito previo o defraudar derechos de terceras personas, sí podría constituir un ilícito penal”.

La firma Agosto SA era presidida por Sanfelice y quedó bajo investigación “a partir de una alerta emitida por una entidad financiera”, indicó Ercolini cuando procesó a los tres empresarios en 2019.

Por entonces, el magistrado entendió que la firma “fue constituida y funcionó como una sociedad pantalla, es decir sin una operatoria comercial considerable, más allá de las contrataciones celebradas con las empresas del grupo Indalo”.

López y De Sousa “en su calidad de responsables de las firmas Oil M&S SA, CPC SA y Álcalis de la Patagonia SAIC; y Osvaldo José Sanfelice, en su carácter de accionista y presidente de Agosto SA; habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el objeto de poner en circulación en el mercado el dinero defraudado al Estado nacional” entre octubre de 2013 y agosto de 2016, agregó por entonces el juez.

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Amplían la denuncia por la venta a precio vil y fraude al Estado

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La empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (Ieasa) amplió una denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri y pidió ser tenida como querellante en un sumario penal por la supuesta venta a precio vil de dos centrales térmicas, trascendió hoy en Tribunales.

La causa, que también involucra a otros funcionarios del anterior gobierno, fue iniciada por los diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González.

La denuncia presentada es por la venta a ”precio vil”, inferior al de sus construcciones, de las centrales térmicas Brigadier López y Ensenada Barragán, en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, respectivamente, que “ocasionó una pérdida multimillonaria en dólares al Estado Nacional”.

“Cómo puede admitirse que el Estado argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 millones de dólares menos (Ensenada de Barragán) y 110 millones de dólares menos (Brigadier López) de lo que valía en 2012?”, se preguntaron los denunciantes.

Según constancias de la causa, en la que además de Macri están imputados los ex ministros Javier Iguacel y Juan José Aranguren, el ex presidente de Ieasa (ex Enarsa), Mario Dell Acqua, y otros directivos de la empresa, la central térmica Brigadier López fue adjudicada en 165.432.500 dólares a Central Puerto y Ensenada Braragán por 229.529.500 dólares al grupo YPF-Pampa.

En la reciente presentación, el actual presidente de Ieasa, Andrés Cirnigliaro, sostuvo que la venta y privatización de ambas centrales térmicas de generación eléctrica “constituyó una pérdida económica sin precedentes para operaciones de esta naturaleza”.

Cómo fue el porceso de venta

Recordó que, cuando por decreto 882/2017 se dispuso la venta con transferencia del personal y contratos de ambas centrales, se consideró que la generación de energía eléctrica era una “actividad mayoritariamente desarrollada por agentes privados”, para “asegurar su funcionamiento” y suministro a todo el país, en “un mercado competitivo”.

Cirnigliaro precisó que, en su momento, Enarsa “financió la construcción de las centrales mediante la colocación de títulos fiduciarios” denominados Valores Representativos de Deuda (VRD), suscriptos en su totalidad por el Fondo de Garantía (FGS) de la Anses.

Acotó que Enarsa respaldaba el pago del financiamiento al FGS (único acreedor de los VRD) con el resultado de la venta de energía y que para efectivizar la privatización, el fondo debía prestar su conformidad y se debía sumar la garantía con fondos públicos, lo que tuvo dictamen en contra de la Procuración del Tesoro de la Nación que sostuvo que el mismo perdía vigencia en caso de transferencia a privados.

Relató que como Ieasa carecía de los fondos para adquirir la totalidad de los VRD y, por tal motivo, la compra de estos debía realizase en simultáneo con la venta de las centrales, en diciembre de 2018 la Secretaría de Energía aprobó cambios en los términos de las licitaciones, lo que le provocó “pérdida del valor de su activo”.

Cirnigliaro afirmó que las “numerosas modificaciones al proceso licitatorio en procura de una pretendida mayor concurrencia de participantes, solo se presentó una empresa para cada licitación” lo que derivó la adjudicación de la venta de las centrales con “pésimas condiciones” para el Estado Nacional.

“Sería absurdo sostener que los directivos de Ieasa actuaron de manera correcta en pos de resguardar el interés societario”, expuso el escrito de ampliación de denuncia por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el desempeño de la función pública y defraudación al Estado.

“Esto fue posible por la ejecución de una cantidad inédita de irregularidades y actos administrativos deliberados con el objetivo de allanar el camino para enajenar las dos centrales a un precio vil y mecanismo dañino para Ieasa, esmerilando en definitiva el patrimonio del Estado Nacional, pero muy rentable para los compradores”, se denunció al inicio.

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Dictamen para reclamar que un latinoamericano presida el BID

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Un proyecto de declaración para apoyar la iniciativa de excancilleres de la democracia argentina de sostener el consenso para que la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sea ocupada por un latinoamericano, recibió hoy dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

La presentación de los exfuncionarios se realizó hace algunos días y ocurrió en desacuerdo con la decisión del gobierno de los Estados Unidos de presentar a un candidato a presidente del BID de ese país.

Argentina puede tener una iniciativa política que sea respetada y apoyada por el resto de America Latina

El senador Jorge Taiana recordó que cuando se fundó la entidad, a fines de los años ’50, el entonces presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, mencionó que el BID era un banco de desarrollo para los países de América Latina y que debía estar encabezado por un latinoamericano, con un estadounidense como su segundo ya que ese país es el aportante del treinta por ciento de sus fondos.

“Así fue durante los sesenta años que funcionó el BID. Pero, ante la sorpresiva designación de un ciudadano norteamericano por parte del presidente (Donald) Trump, hubo varias expresiones de descontento”, explicó Taiana.

El excanciller sostuvo que “se altera el equilibrio de la región” y mencionó que “Argentina puede tener una iniciativa política que sea respetada y apoyada por el resto de los países de America Latina”.

“Nosotros que éramos los que presentamos un candidato para presidir el BID, somos los más obligados a hacer alguna actividad y a no quedarnos callados”, aseguró Taiana en relación con la intención del gobierno de Alberto Fernández de postular para encabezar la entidad al actual Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Gustavo Béliz.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión, el radical mendocino Julio Cobos, le pidió a los senadores “un respaldo muy fuerte a la costumbre de que un presidente del BID debe ser latinoamericano y que se estaría por romper después de muchos años de tradición”.

Por otro lado, la Comisión de Relaciones Exteriores también dictaminó favorablemente varios proyectos de Declaración que expresan dolor y solidaridad hacia el pueblo del Líbano después de la explosión, aparentemente accidental, de un depósito de explosivos en el puerto de Beirut y que mató a 154 personas, provocó miles de heridos y destruyó la mitad de la capital de aquel país.

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