Diego Adán Fernández de 37 años, fue hallado sin vida el pasado domingo 25 de Abril, por la tarde, flotando en el kilómetro 5 del riacho Barranqueras. Había desaparecido el viernes a las 19 tras salir de su casa. Su esposa denunció la situación, pero el desenlace fue tan brutal como predecible: otra muerte que deja en evidencia la violencia e impunidad de las fuerzas de seguridad del Chaco.
Una vez más, las miserias de un sistema podrido desde adentro. Lejos de ser un hecho aislado, el crimen de Diego expone una matriz estatal de encubrimiento, violencia institucional y complicidad entre el poder político y la cúpula policial.
Tras el hallazgo del cuerpo, la fiscalía detuvo a siete personas, entre ellas tres efectivos de la Policía del Chaco: el Cabo primero Coria, el Sargento primero Mendoza y la cabo primero Riera quien hasta ese entonces, prestaban servicio en la Div. Sustracción Vehicular. Todos ellos están implicados en el caso que, por la gravedad de los hechos, fue tomado por el fuero de Derechos Humanos.
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Sin embargo, lejos de avanzar con firmeza hacia la justicia, el Ministerio de Seguridad optó por el silencio y el traslado encubridor. Coria y Mendoza fueron enviados a Capellanía Policial, mientras que Riera fue destinada a la División de Atención a la Mujer.
¿Qué mensaje da el Estado cuando premia a los implicados en una muerte con nuevas funciones, en lugar de apartarlos y someterlos a una investigación rigurosa?
El gobierno provincial y la jefatura policial tienen una responsabilidad ineludible. El traslado de los policías acusados no solo es una burla a la familia de Diego, sino una ofensa a toda la sociedad chaqueña.
¿Qué más tiene que pasar para que el poder político deje de mirar para otro lado?
No estamos ante simples “manzanas podridas”. Estamos frente a un sistema que, cuando un ciudadano es asesinado con posible participación de policías, protege a los victimarios y abandona a las víctimas. ¿Hasta cuándo se va a tolerar este pacto de silencio y complicidad?
Desde Noticias Digital Chaco decimos lo que muchos callan: a Diego Fernández lo mataron, y no descansaremos hasta que todos los responsables estén presos, sean civiles o policías, estén uniformados o amparados por despachos oficiales.
Exigimos al gobernador, Leandro Zdero, al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y al Jefe de la policial, Fernando Romero, que dejen de esconderse detrás de traslados y discursos vacíos. El pueblo chaqueño exige justicia real, no maquillaje institucional.
