El senador Luis Juez apela este lunes la decisión de la Justicia del fuero Contencioso Administrativo que rechazó el pasado sábado su acción de amparo con el que busca impedir que asuma en el Consejo de la Magistratura el kirchnerista Martín Doñate. El juez Pablo Cayssials sostuvo que el reclamo, una decisión del Senado, no podía judicializarse. Desde el PRO sostienen lo contrario.
“Con notorio desconocimiento del orden jurídico aplicable, la Presidenta del H. Senado ha designado de manera ilegítima al senador oficialista Martín Doñate como consejero titular y al senador oficialista Guillermo Snopek como consejero suplente”, sostuvo el PRO al momento de pedir el amparo.
Cuando Luis Juez acudió a la Justicia, explicó que tras la sentencia dictada por la Corte Suprema el 16 de diciembre de 2021 sobre la composición del Consejo de la Magistratura, el bloque del PRO -en su carácter de segunda minoría- designó como sus representantes a Juez y a Schiavoni.
Dicha sentencia tenía un plazo de 120 días para ejecutarse, que se cumplieron el pasado 15 de abril. Hasta esa fecha el Congreso no había acatado el fallo del Máximo tribunal.
“El derecho a designar a los representantes de dicha minoría en el Consejo de la Magistratura corresponde al bloque que constituía la segunda minoría al tiempo en que la sentencia debió haber sido cumplida. Y no cabe ninguna duda que al 15 de abril, el Bloque Frente Pro revestía dicho carácter”, sostuvo.
Después de pedirle un informe al Senado, el juez Cayssials resolvió que no había argumentos suficientes para hacer lugar a la acción de amparo, con la que se buscaba impedir que asuma Martín Doñate elegido por Cristina Kirchner.
Admitir el planteo del PRO, entendió el juez en lo Contencioso Administrativo, “implicaría adentrarse respecto de la valoración de la ‘temporaneidad’ o de la subjetividad de la partición del Bloque ‘Frente de Todos’, todo lo cual conllevaría inexorablemente a la judicialización de las decisiones de otros poderes”.
Bajo ese mismo argumento, dijo que hacer lugar al amparo “pondría en riesgo -en palabras del Máximo Tribunal- el ejercicio de las funciones que la Constitución le asigna a cada uno de ellos. Por tal motivo, concluyó que los jueces no pueden opinar sobre el modo en que aquellos ejercitan sus facultades”.
El juez Cayssials dijo en su resolución que el rechazo del amparo “se impone”, por “exceder el marco de conocimiento del Poder Judicial de la Nación”.
Pero desde el PRO entienden que no y por eso se presentará este lunes la correspondiente apelación. En la misma, según pudo saber Clarín el argumento central será “el resguardo de las minorías porque no se puede plantear que es una decisión no judiciable. Eso condena a una minoría a esperar ser mayoría si se ha violado su derecho”.
En relación a ese argumento, se indica que la justicia sí debe tomar el reclamo de Luis Juez “porque creemos tener derecho adquirido porque al momento de vencerse el plazo no estaban divididos los bloques”.
Desde el PRO remarcan que al 15 de abril cuando se venció el plazo estipulado por la Corte Suprema para que el Congreso dicte una nueva ley para el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, no existía la división del bloque oficialista.
¿Por qué hacen énfasis en la fecha? Porque según la antigua normativa, ya que el gobierno no logró sancionar una nueva ley, el nuevo puesto en el Consejo corresponde a la segunda minoría, por eso el PRO defiende que la designación corresponde a Luis Juez, no a Doñate como integrante del nuevo bloque.
La Justicia entendió que la discusión sobre la designación del senador K Martín Doñate “es propia de la órbita de la autonomía funcional de la Cámara en cuestión y resguardada de la intervención judicial”.
Con la apelación presentada, Luis Juez presentará además un per saltum, es decir, un salto de instancia para que su apelación sea resuelta en un término breve por la Corte Suprema de Justicia.
La semana pasada comenzó a funcionar el Consejo de la Magistratura bajo la presidencia de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Realizó su primer plenario con 18 de los 20 miembros con los que debe contar, ya que la designación de los dos integrantes en representación del Congreso, terminó judicializada.
Este organismos en donde Cristina Kirchner busca ganar más lugares, es el responsable de administrar los recursos del Poder Judicial (una partida presupuestaria de 136.000 millones de pesos). También se ocupa de designar a los jueces nacionales y federales, y sancionarlos en caso de que incurran en mal desempeño.
