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Politica

Las claves políticas de un proceso inédito

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El aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) por coronavirus, que este domingo cumplirá seis meses de vigencia en el país, fue renovado desde el 20 de marzo en períodos de 14 días en promedio, y en fases diferenciadas según el avance de la pandemia en las provincias y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Hay que entender las etapas. En marzo teníamos que contener la llegada del virus y cubrir las necesidades de insumos. Ahí tomamos las medidas más duras y, con las distintas prórrogas, fuimos ralentizando la velocidad de contagio”, afirmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en declaraciones a las radios La Red y El Destape.

La cuarentena, que comenzó el 20 de marzo, se renovó -con distintas modalidades- el 31 de marzo, el 13 de abril, el 27 de abril, el 11 de mayo, el 25 de mayo, el 8 de junio, el 1 de julio, el 18 de julio, el 3 de agosto, el 17 de agosto y el 31 de agosto.

Este viernes, el gobierno nacional anunció una nueva extensión de la cuarentena, a partir del lunes 21 y hasta el próximo 11 de octubre.

Barbijo y distanciamiento social, dos elementos fundamentales para contener la circulación del virus. Casi todos los anuncios de las extensiones del ASPO fueron encabezados por el presidente Alberto Fernández y, en la mayoría de ellos, estuvo acompañado por las autoridades del AMBA: el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En el anuncio del 17 de julio, sobre la renovación prevista para el día siguiente, el jefe de Estado también estuvo acompañado por los gobernadores de Río Negro, Arabela Carreras, de Chaco, Jorge Capitanich, y de Jujuy, Gerardo Morales, quienes participaron por videoconferencia y expusieron sobre el avance del virus en sus distritos.

La mayoría de las extensiones del ASPO se informaron desde la Residencia Presidencial de Olivos y en algunas oportunidades incluyeron una conferencia de prensa al término de las exposiciones del primer mandatario y de los jefes de distrito que lo acompañaron.

La modalidad del anuncio de extensión de la cuarentena se modificó el 28 de agosto, cuando fue comunicada por el Presidente en un mensaje grabado que se difundió en su cuenta de la red social Twitter.

El formato del anuncio de la extensión del ASPO se modificó también este viernes, con un video de poco más de tres minutos en el que la voz en off de una locutora reportó la situación de la pandemia en el país y que fue transmitido a través de la cuenta oficial de Casa Rosada en Twitter.

En ese anuncio, que informó la renovación de la cuarentena a partir del 21 de septiembre y hasta el 11 de octubre, por primera vez no estuvo presente el Presidente.

“El Presidente habló toda la semana, de lunes a viernes. Nos parecía que el rol y el lugar de explicar cómo estaban dadas las situaciones ya estaba bastante claro y por eso decidimos avanzar en este formato. No se modifica la situación de aislamiento y cuidado, sino que se avanza en medidas de restricción en las provincias”, indicó Cafiero.

En la mayoría de los anuncios durante estos seis meses, el jefe de Estado utilizó gráficos para mostrar el avance de la pandemia y comparar con la situación con otros países.

En uno de los anuncios realizados en mayo se informó sobre las fases de la cuarentena según el tiempo de duplicación de los casos en cada distrito: en la Fase 1 el tiempo de duplicación de los casos se registró en menos de 15 días; en la Fase 2, de 5 a 15 días; en la Fase 3, de 15 a 25 días; en la Fase 4, más de 25 días; y en la Fase 5, de nueva normalidad, no deben registrarse contagios.

De ese modo, los distritos avanzaron y retrocedieron en la apertura de las actividades habilitadas en cada uno de ellos, según la fase en la que se encontraban.

Región AMBA

El AMBA concentró desde el inicio de la pandemia el mayor número de contagios de coronavirus por varios meses, lo que llevó en junio a la decisión de que el conglomerado retroceda de Fase 3 a una fase estricta, mientras que el interior del país, con menor número de casos en ese momento, permanecía con medidas flexibles respecto de las actividades que podían desarrollarse.

El 17 de julio, el Presidente anunció que a partir del día siguiente y hasta el 2 de agosto se iría “tratando de volver a la vida habitual” y advirtió que la reanudación de las actividades en cada zona “va a ser escalonada y lo van a decir los gobernadores”.

El AMBA concentró desde el inicio de la pandemia el mayor número de contagios. En esa oportunidad, al fundamentar la medida de “apertura” de la cuarentena en el AMBA, sostuvo que “se ha ralentizado la velocidad del contagio y se ha hecho más lenta la ocupación de camas de terapia intensiva”.

A medida que el AMBA lograba mantener estable el número de casos, con números más altos en el Conurbano bonaerense respecto de la Ciudad, varias provincias debieron retroceder en las fases de la cuarentena que cursaban a raíz del aumento de contagios.

En ese contexto, el 14 de agosto el jefe de Estado anunció la extensión del ASPO para el AMBA y advirtió que “la circulación local del virus alcanzaba a 14 provincias argentinas”, por lo que se volvió a una fase más restrictiva en las ciudades donde se detectó mayor circulación de coronavirus.

Esa medida alcanzó, en esa oportunidad, a cuatro departamentos de Jujuy, y las ciudades Río Gallegos (Santa Cruz) y Río Grande (Tierra del Fuego), mientras que se sumaron a la Fase 1 de restricciones Tartagal (Salta), La Rioja capital y Chamical (La Rioja) y Santiago del Estero capital y La Banda (Santiago del Estero).

Anuncio de la vacuna

En el marco de la cuarentena, el 12 de agosto el Presidente anunció que Argentina y México elaborarán una vacuna para prevenir el contagio de coronavirus, que estará lista para ser utilizada en el primer semestre del 2021, mediante un acuerdo alcanzado con la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca.

En tanto, en el anuncio realizado el viernes 18 de septiembre, se informó que “las autoridades locales seguirán siendo las que determinen qué nuevas indicaciones van disponerse en cada territorio” y se advirtió que “la pandemia no permite descuidos”.

Asimismo, se manifestó que si bien al inicio de la pandemia el problema estaba concentrado en el AMBA, “el mapa cambió” y ahora “el 49,2% de los casos están en las provincias”, cuando antes era el 7%.

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Liberan a Diego Lagomarsino de la tobillera electrónica

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El juez federal Julián Ercolini dispuso que Diego Lagomarsino, el perito informático que quedó involucrado en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, deje de usar la tobillera electrónica que controla sus movimientos, informaron hoy fuentes judiciales.

El magistrado consideró que Lagomarsino cumplió con todas las disposiciones que estableció la justicia sobre el uso de ese instrumento de geolocalización individual, en una resolución a la que accedió Télam.

El argumento

El pedido para el retiro de la tobillera fue efectuado por el abogado de Lagomarsino, Gabriel Palmeiro, quien señaló que la llevaba desde 2017, lapso que superaba el límite de dos años de duración que pueden tener las medidas de coerción procesal de carácter cautelar, más la prórroga que suele concederse para casos particularmente complejos.

Al fundamentar su decisión, el magistrado señaló que Lagomarsino “se mantuvo a derecho”, al cumplir con todos las imposiciones de la Justicia, permaneció dentro del límite de los 100 kilómetros restrictivos para su desplazamiento y colaboró con la correcta utilización de la tobillera, que se le colocó en noviembre de 2017, y también para asegurar su correcto funcionamiento.

Ercolini, quien está a cargo del juzgado federal número 10, consideró además que no hubo oposición al pedido de la defensa por parte del fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación ni del abogado Pablo Lanusse, patrocinante de la madre de Nisman en la causa, aunque ambos se pronunciaron por reemplazar la tobillera por otra, de menor impacto para la vida cotidiana del procesado.

Las medidas que siguen vigentes

No obstante, Lagomarsino deberá cumplir con otras medidas, como la prohibición de salida del país y de expedirse pasaporte a su nombre; de alejarse de su domicilio por más de 24 horas sin aviso; la obligación de avisar acerca de cambios de domicilio de residencia, y de presentarse ante el tribunal cada 15 días, hoy suspendida pero que se retomará una vez que finalice la cuarentena.

El juez indicó en su resolución que “las medidas de sujeción en ciernes junto con la custodia personal aparecen como suficientes a fin de asegurar la finalidad de sometimiento al proceso procurada”, en un marco “más adecuado al contexto personal, familiar, laboral y psico-físico actual del imputado y, por otro lado, menos lesivo a su respecto, ello, de acuerdo a las explicaciones de afectación a sus derechos por él brindadas”.

El caso

El fiscal Nisman fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento situado en Puerto Madero.

Poco después entró en escena el informático Lagomarsino, quien dijo haberle entregado al fiscal la pistola de la cual salió el disparo que le causó la muerte al investigador especial del atentado contra la AMIA.

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Dictaminan varios proyectos que modifican la Ley de Contrato de Trabajo

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La Comisión de Trabajo del Senado dictaminó este martes, con el apoyo de todos los bloques, varios proyectos que modifican la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y el Estatuto del Contratista de Viñas, y un cambio en el régimen jubilatorio especial para los trabajadores de ese sector.

El presidente de la Comisión, el peronista pampeano Daniel Lovera, logró que se dictaminara favorablemente una iniciativa para que se modifique el plazo de prescripción de créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y demás acciones relativas a las relaciones individuales de trabajo en general.

También fueron pasados a la firma una iniciativa presentada por la peronista correntina Ana Almirón sobre la imprescriptibilidad de las indemnizaciones a las víctimas de desaparición forzada; y otra del opositor cordobés Ernesto Martínez por la cual se introducen cambios en la prescripción de reclamos indemnizatorios de origen laboral.

Almirón explicó que su proyecto “es una herramienta de reparación que le otorgamos, sobre todo, a los familiares de las víctimas de desaparición forzada”.

En tanto que un proyecto de Ley para cambiar el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, respecto a establecer la estimación para el pago de la segunda cuota del sueldo anual complementario, fue respaldado por todos los bloques.

El radical mendocino Julio Cobos, autor de la iniciativa, sostuvo que se propone “eliminar una asimetría ya que el objetivo es que el personal de casa particulares cobre el aguinaldo el día anterior al 19 de diciembre.

La Comisión dictaminó, además, un expediente presentado por la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti que modifica el Estatuto del Contratista de Viñas y Frutales, en relación a la indemnización y los detalles de la mensualidad que recibe el contratista.

La senadora mencionó que “el régimen de contratista de viña es un contrato laboral atípico” y afirmó que “este proyecto trae la posibilidad de ampliar las diez mensualidades de los contratista de viña a las doce, y se conserva además el 15% de la producción que comparte en manera de sociedad con el dueño de la finca”.

Otros dos proyectos, también presentados por Fernández Sagasti, obtuvieron el apoyo de la Comisión, y son los que establecen un régimen previsional especial para obreros y empleados de viñas y otro para los contratistas.

“Estamos proponiendo que los viñateros y contratistas de viña sean incluidos en el mismo régimen especial jubilatorio que los trabajadores agrarios en general y que se haga un plus del 2% del aporte para compensar esos años de diferencia que faltarían en un régimen común como es el de los 60 y 65 años”, explicó la legisladora oficialista.

Finalmente, la Comisión comenzó el debate de una iniciativa presentada por la opositora bonaerense, Gladys González, que modifica el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones para que la licencia por maternidad se compute como tiempo de servicio para la obtención del beneficio obligatorio.

“Mi postura tiene que ver con que podamos reconocer el aporte jubilatorio de los meses de licencia por maternidad de nuestras mujeres, de nuestras madres”, expresó González.

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Carrió pidió a la oposición un “gesto de institucionalidad”

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La exdiputada Elisa Carrió se pronunció a favor de la designación de Daniel Rafecas como procurador general de la Nación como “un gesto institucional exento de especulaciones políticas”.

En un comunicado de prensa firmado por la Junta Ejecutiva Nacional de la Coalición Cívica, Carrió indicó que “ese gesto tiene que ser salir de las pequeñeces personales y prestar los 2/3 a la designación del Procurador General de la Nación propuesto por el Presidente de la Nación, Dr. Rafecas”.

“En la historia se juega con nombre y apellido, como con la corrupción. A la Coalición Cívica no la va a atropellar la historia por mezquindades personales y especulación. Si no lo hacemos, vamos al régimen de Maduro”, concluyó el comunicado de la Junta Nacional partidaria.

El juez federal Rafecas fue elegido por el Presidente para asumir en la Procuración General, puesto que está vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, a fines de 2017.

El ex presidente Mauricio Macri impulsó sin suerte a Inés Weinberg de Roca, cuyo pliego también quedó frenado en medio de la discusión política entre el PJ y el macrismo.

La función del jefe de los fiscales es ejercida en forma interina por Eduardo Casal, un funcionario de carrera que en las últimas semanas se convirtió en blanco de las críticas del oficialismo.

Cómo uno de los integrantes de peso del Frente Juntos por el Cambio resta ver si la decisión de Carrió alcanza para sumar la voluntad del resto de los partidos que componen la que es la mayor coalición opositora.

La postulación de Rafecas

El pliego para la designación del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 de la ciudad de Buenos Aires como candidato a encabezar la Procuración, ingresó formalmente al Senado el pasado 12 de marzo, días antes de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

A partir del ingreso del pliego y de la publicación en el Boletín Oficial, quedó abierto el proceso de presentación de adhesiones e impugnaciones en el ámbito parlamentario antes del llamado a audiencia pública, en la que debía exponer el postulante, pero el trámite quedó demorado.

En aquella oportunidad, el presidente Alberto Fernández había pedido al Senado que “trate pronto” el pliego del juez Rafecas para encabezar la Procuración y le solicitó a la oposición que “no haya discusiones de la coyuntura política” ni “se oponga por el simple hecho de oponerse”.

La postulación de Rafecas recibió alrededor de 700 apoyos y tres impugnaciones para cubrir ese cargo estratégico para el funcionamiento de la Justicia.

Tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2016, el entonces presidente Mauricio Macri designó a Eduardo Casal como procurador General interino, cargo que continúa desempeñando actualmente en esa condición.

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