Los movimientos sociales oficialistas, enrolados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), analizan por estas horas abandonar el gobierno de Alberto Fernández. La tensión fue generada por la decisión de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, de solicitarle a la Justicia que levante el secreto fiscal para que la AFIP entregue la lista nominal de los beneficiarios del Potenciar Trabajo que cobraban el plan con incompatibilidades, como haber comprado dólares o tener más de dos propiedades.
“Entre el Gobierno y nuestros compañeros elegimos a nuestros compañeros, no vamos a convalidar ni ser cómplices de un ajuste directo a nuestra base social”, dijo Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la poderosa UTEP.
En ese sentido, reconoció: “El Movimiento Evita analiza en este momento a nivel nacional abandonar los cargos que algunos de sus dirigentes ocupan en el Poder Ejecutivo. Una vez más, cuando las cosas no van bien, vuelven a cargar contra los últimos y las últimas de la fila con criterios burocráticos insólitos y falaces. Pareciera que no les tiembla el pulso para sacarle la comida de la mesa a las familias que más lo necesitan en un contexto crítico de fin de año”.
Consultado por la posibilidad de que Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro dejen sus cargos, Onorato aclaró: “Mi posición dentro del Movimiento Evita es que todos deben dejar el Gobierno. Eso se está analizando. Vamos a ser una oposición furiosa contra el Gobierno si se ajusta a los más necesitados, a los más vulnerables, a los que menos tienen. No podemos seguir convalidando las decisiones del Frente de Todos que se negó a votar en el Congreso el pedido para que se levante el secreto fiscal de los que fugaron las divisas del país, y ahora la ministra Tolosa Paz lo pide para los de abajo. Al Gobierno desde el Evita le decimos que vayan a buscar a los que la fugaron, fíjense quienes son los que ganan siempre, los que especulan con su riqueza, siempre vamos a acompañar las medidas que apunten a la justicia social, pero la persecución y el ajuste a los y las de abajo, que la pelean todos los días, no lo vamos a permitir”.
De concretarse la renuncia de los dirigentes sociales, sobre todo del Movimiento Evita, será un golpe muy duro para Fernández, hasta ahora se habían mostrado en favor de sus políticas económicas y sociales y salieron a “bancarlo” cada vez que Cristina Fernández de Kirchner lo atacaba, por ejemplo, a través de cartas públicas. Hasta organizaron un acto para “relanzar” la segunda parte de su mandato después de ser derrotado en las pasadas elecciones legislativas.
La mayoría de los dirigentes-funcionarios -más de teinta- están ubicados en Desarrollo Social, jefatura de Gabinete y Agricultura Ganadería y Pesca y Obras Públicas. Permanecen en el cargo desde el 10 de diciembre de 2019. Entre ellos destaca Pérsico, secretario de Economía Social, y Daniel Menéndez, subsecretario en la misma cartera y coordinador nacional de Somos Barrios de Pie.
El otro referente del Evita es Fernando “Chino” Navarro, actual secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario, un área que depende de la Jefatura de Gabinete a cargo de Juan Manzur. Si se toma esta drástica resolución, también podría dejar su cargo Fernanda Miño, actual Secretaria de Integración Socio Urbana. Ella es dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la organización social liderada por Juan Grabois.
Las deserciones serían de alto impacto también dentro de la estructura del Ministerio de Tolosa Paz, que los ratificó en el cargo cuando asumió en reemplazo de Juan Zabaleta. La ex diputada nacional cargó con el sayo desde que juró el 13 de octubre pasado por el retraso en la entrega de alimentos para comedores y merenderos, y la decisión ya tomada por su antecesor y ratificada por ella, de no incorporar más beneficiarios al Potenciar Trabajo.
El 4 de noviembre pasado Alberto Fernández firmó el decreto 728 a través del cual beneficia de manera directa a las cooperativas de trabajo que dependen de los movimientos sociales, mayoritariamente oficialistas, al otorgarles el 30 por ciento “de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta $300.000.000″. El Evita celebró a través de sus redes sociales ese logro. Pérsico, Onorato y Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP, gestionaron ante el propio Presidente el contenido del decreto. La normativa también impedía que nuevos beneficiarios fueran incorporados al Potenciar Trabajo. Hasta ese momento, nada hacía prever la actual tensión entre el Poder Ejecutivo y la UTEP.
