Tras el receso de invierno, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) escuchará desde este lunes, en su rol de parte acusadora, al fiscal de juicio Diego Luciani, quien ya anticipó que expondrá durante nueve audiencias, a razón de tres por semana.
En la última jornada, previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio y termina el lunes, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez, en ese período.
La UIF motorizó hace tres años la investigación aportando pruebas, sin embargo con el cambio de Gobierno y la remoción de aquellos funcionarios, ahora pide la absolución.
El organismo consideró “irresponsable avanzar en la acusación” por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.
Lo mismo ocurrió con la Oficina Anticorrupción (OA), que era querellante en la causa pero desistió de ese rol y de presentar acusación, a partir del cambio de Gobierno y de funcionarios, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas.
El mes pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos de la defensa de la Vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, y ratificó la continuidad del juicio oral.
Con esta postura, la única voz acusadora que quedó en el debate es la del fiscal Luciani, quien según fuentes judiciales considerará que hay pruebas para formular pedidos de pena.
Tanto la Vicepresidenta como los restantes juzgados tienen obligación de presenciar las audiencias en esta etapa de alegatos, aunque como el debate se realiza por videoconferencia pueden conectarse a través de la plataforma Zoom.
El juicio se realiza de manera virtual desde agosto de 2020, pero los tres jueces, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, están presentes en una de las salas de audiencias de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.
En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
También son juzgados ex funcionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.
Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo “Austral Construcciones” de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.
