La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña, resolvió este jueves 16 de octubre absolver a Aída Ayala, exintendenta de Resistencia, y a los empresarios Alejandro Fischer, Carlos Huidobro, Pedro Martínez, Eulalio Bouza, así como a Rolando Acuña y Luis Escobar, en una causa que durante años puso en jaque a la dirigencia política chaqueña.
El tribunal consideró que no se logró probar el perjuicio económico al Estado, ni la existencia de maniobras de lavado de activos. Según los magistrados, durante el juicio oral faltaron peritajes contables que demostraran el delito de fraude en la contratación de la empresa PIMP S.A., encargada de la recolección de residuos durante la gestión municipal de Ayala.
“No se acreditó un perjuicio concreto a la administración pública”, concluyeron los jueces en su resolución.
Esta decisión deja sin efecto las condenas dictadas el 10 de mayo de 2024 por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, que había sentenciado a Ayala a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua por fraude a la administración pública.
Además, el fallo también absolvió a los empresarios Fischer, Huidobro, Martínez y Bouza, quienes habían recibido condenas de entre cuatro y seis años y medio de prisión, y a los exfuncionarios Acuña y Escobar, condenados a tres años de prisión condicional.
En tanto, el recurso de casación presentado por Jacinto Sampayo, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, fue declarado abstracto debido a su fallecimiento el 27 de marzo de 2025. Sampayo había sido condenado a tres años y medio de prisión por lavado de activos.
Un fallo con fuerte impacto político
La absolución de Aída Ayala no solo cierra —por ahora— una de las causas de corrupción más resonantes del Chaco, sino que reabre el debate sobre la independencia judicial y las conexiones políticas entre el poder político y el sistema judicial.
Ayala, que fue intendenta de Resistencia, diputada nacional y ministra del gobierno radical, mantenía una estrecha relación política con el actual gobernador Leandro Zdero, quien fue su jefe de Gabinete y uno de sus principales aliados.
En ese marco, la frase “si Aída Ayala iba presa, hundía a Zdero” resuena con fuerza entre dirigentes, que sostienen que una condena firme hubiera tenido consecuencias directas sobre la actual administración provincial.
Aunque el fallo fue presentado como una decisión técnica, la lectura política es inevitable: la absolución beneficia indirectamente al entorno del actual gobernador, y deja al descubierto una vez más la delgada línea entre justicia y poder.
Una causa que marcó una década de sospechas
La investigación conocida como “Lavado II” o “PIMP” se inició por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa PIMP S.A. durante la gestión municipal de Ayala. Según la acusación, la firma habría actuado como pantalla para desviar fondos públicos a través de contratos simulados y sobreprecios.
El proceso judicial se extendió durante casi una década, atravesando cambios de gobiernos, jueces y estrategias políticas, hasta llegar a este fallo que absuelve a todos los acusados y pone en duda el trabajo del Tribunal Oral Federal de Resistencia.
Conclusión
Con esta resolución, Aída Ayala vuelve a quedar en libertad de acción política, mientras la justicia federal chaqueña vuelve a quedar bajo la lupa.
Para muchos, la verdadera derrota no fue judicial, sino institucional: una vez más, la sensación de que la justicia no es independiente se impone sobre la verdad y la transparencia que la sociedad chaqueña demanda.
