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martes, junio 28, 2022
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El Gobierno vuelve a la carga por Vicentin: Alberto Fernández campeón del oportunismo

No le pidan coherencia. Tampoco lealtad.

Esta semana la Corte Suprema de Santa Fe solicitó el expediente de la causa Vicentin por irregularidades y ordenó suspender el concurso. El presidente de la Corte, Julio Gutiérrez, hizo lugar a la denuncia de “gravedad institucional que supone el avance de la convocatoria cuando hay en paralelo investigaciones penales por serias irregularidades en torno a los activos que ahora la firma está pretendiendo vender”, que presentó uno de los acreedores, Grassi SA.

Inmediatamente Alberto Fernández salió a opinar al respecto. Y es que el presidente es un opinólogo, que habla y da certezas sobre cursos de acción que raramente está dispuesto a sostener después. Tal como pasó con la “guerra contra la inflación”, la reforma judicial, el ofrecimiento a Rusia de ser la puerta de ingreso a América Latina y, naturalmente, la propia estatización de Vicentin.

Para Alberto, el escenario ha cambiado con la decisión de la Corte Suprema santafesina. “Vicentin no es un problema ideológico, es un problema de oportunidad”, afirmó. Y como siempre tiene a mano algo sobre lo que “se está trabajando”, aunque sea sólo en su imaginación, resaltó que su gobierno está analizando “la alternativa del cramdown”. Es decir, la posibilidad de que que el estado tengan una cerealera que exporte.

El presidente se mostró entusiasmado con que el estado cuente con “una empresa testigo para que ordene el mercado” alimentario. Esa alternativa cobra cuerpo a partir de la decisión de la Justicia santafesina de desplazar al juez del concurso de acreedores de Vicentin, sospechado de contubernio con los titulares de la empresa y con uno de los holdings que pretenden adquirirla a precio basura.

Alberto Fernández aseguró que “una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor (…) Nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas”. Y puntualizó: “No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa (de estatizar) Vicentin la descarté. En ese momento, dije lo descarto, porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina”, explicó, tratando de justificar su injustificable accionar de dos años atrás. Entonces, la estatización “podía obligar a los argentinos a pagar una deuda cuantiosa, que no era razonable”.

“En el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido y se podría dar la posibilidad de cramdown –una propuesta de solución de la deuda hecha por los acreedores principales, en este caso el Banco Nación-, yo dije ‘estudiémoslo, porque es posible’”.

Y puntualizó: “Lo que no es posible es esta lógica de ‘expropiemos empresas de cualquier modo’ porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso”.

“El Banco Nación es un acreedor privilegiado y puede ser determinante de la quiebra o de la continuidad. Ahora, si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que sea posible”, adelantó.

Alberto Fernández pretendió justificar que en 2019: “Retrocedí de la estatización, pero seguimos trabajando la alternativa del cramdown y ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo”.

Pero, fiel a su estilo, no arriesgó una opinión definitiva. “No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario más favorable que aquél”.

De este modo, Alberto Fernández se ha convertido en el cultor de la duda metódica al momento de gestionar.

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