En las últimas horas, la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó, a través de los abogados que la representan en la querella, la suspensión de la elevación a juicio de la causa por el intento de asesinato que sufrió en febrero de 2022. Además, la ex mandataria señaló que antes de ello deben llevarse a cabo varias medidas para profundizar la investigación en la causa.
El escrito fue presentado este miércoles por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Andazabal, quienes criticaron al fiscal Carlos Rívolo por haber pedido la elevación a juicio del caso en el que están detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo.
“Venimos a señalar información de suma relevancia para esta causa y a solicitar la producción urgente de medidas de prueba. Es evidente que la prueba producida en el caso “Revolución Federal” refuerza lo dicho por esta parte al oponerse a la elevación a juicio: cada día aparecen nuevas pruebas, esta causa está en pleno trámite y elevarla no es más que consagrar la impunidad”, sostuvieron los abogados.
En ese sentido, El fiscal Rívolo consideró que el atentado se circunscribe a los tres imputados y que no hubo ni financiamiento ni relación con otros grupos que hicieron manifestaciones violentas contra varios dirigentes políticos del oficialismo kirchnerista.
En tanto, “Revolución Federal” está bajo investigación judicial en otro caso. Según el fiscal, no hay relación entre la causa en la que se investiga el atentado contra la Vicepresidenta y en la que se investiga a la organización que encabezaba Jonathan Morel, quien fue procesado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
“En el marco de ese informe -agregaron- se analizó la información extraída del Google Drive de Jonathan Morel, uno de los líderes de Revolución Federal. Entre los resultados aparecen, entre otras cosas, el financiamiento ilegal de la familia Caputo a la agrupación violenta y antidemocrática Revolución Federal, folletos con amenazas a la Vicepresidenta de la Nación y consultas a CUITs de diferentes personas, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner”, indicaron.
La querella de la Vicepresidenta considera que hay una relación entre una causa y la otra, ya que da por probado que Revolución Federal fue financiada por la familia Caputo. Los letrados destacaron que hallaron un mensaje recibido por Morel de parte de alguien agendado como “Dali Revolución” en el que manifestaba que contaran con ella para “actividad bala” y señalaba que tenía ganas de “usar la 9mm”.
En el documento, resaltaron que “Sorprendentemente, el fiscal no ahondó en lo más mínimo en el informe remitido por el Juzgado N° 8 y avanzó con la elevación de la causa a juicio. La más exigua indagación en la conversación permite ver la gravedad de ese accionar”.
Asimismo, describieron los llamados y supuestos contactos entre las personas involucradas en la causa de la agrupación “Revolución Federal” y los acusados de intentar asesinar a la vicepresidenta. Ante esto, pidieron diversas medidas de prueba, como entrecruzamientos de llamadas y también allanamientos para poder recabar material que consideran fundamental para el caso.
Por último, los abogados de Cristina Kirchner solicitaron que se cumplan con las medidas que se solicitaron; se suspenda el trámite de elevación a juicio y también se tenga presente la reserva de caso federal.
Precisamente sobre el último punto, recalcaron que de haber una respuesta negativa a su pedido acudirán a la Corte Suprema. “Dado que una solución adversa a lo peticionado por esta parte supondría vulnerar derechos constitucionales, en una causa de enorme gravedad institucional, hacemos reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, de ser necesario, ante los organismos internacionales de derechos humanos”, sentenciaron.
