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Chaco es la tercera provincia en cantidad de casos positivos con Coronavirus

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Más allá de la preocupación por el crecimiento de los casos de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la situación en el Chaco se sigue agravando y la ciudad de Resistencia volverá desde la semana que viene a la fase 1 de la cuarentena.

Así lo anunció esta mañana el intendente Gustavo Martínez, un peronista enfrentado con el gobernador Jorge Capitanich, que ayer afirmó que “no se puede volver atrás” con las fases. “Es una discusión cerrada”, advirtió el ex jefe de Gabinete, aunque Martínez rápidamente lo desautorizó.

“La ciudad debe volver a una cuarentena más estricta. Tenemos que tomar medidas y volver a fase 1. La situación es extremadamente complicada. La posibilidad de contagio se ha disparado”, afirmó el intendente de la capital provincial. “No podemos esperar más porque la situación se puede transformar en tragedia”, alertó Martínez en referencia a la posibilidad del colapso del sistema sanitario.

Chaco es la tercera provincia en cantidad de contagios superando a distritos más grandes como Córdoba o Santa Fe. La cantidad de contagios sigue en aumento: hasta este jueves se contaban 675 confirmados, con 38 fallecidos.

De esa suma, 549 contagiados se registran en la capital provincial, algo más del 81 por ciento. Pero si se cuentan los distritos del Gran Resistencia (Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas) la suma llega a 644 y representa más del 95 por ciento de los casos de la provincia.

Ante este panorama desde el gobierno de Capitanich recomendaron a los habitantes del interior provincial que no viajen a la capital “si no es extremadamente necesario”. El intendente Martínez, por su parte, anunció que suspenderá el servicio de transporte público.

En los últimos días, los casos se dispararon por un brote en el asentamiento Gran Toba de la capital, donde habitan mayoritariamente pueblos originarios y las condiciones son muy precarias. Hay más de 100 casos confirmados y ocho muertes.

El brote en el Gran Toba es el tercer salto de casos en Chaco desde el inicio de la pandemia. El primero fue por contactos estrechos con personas que volvieron desde el extranjero y no respetaron la cuarentena. El segundo fue por contagios dentro del sistema sanitario, donde hay alrededor de 200 casos.

En Chaco apuntan a la falta de controles del gobierno de Capitanich para que se cumpla la cuarentena y también a la falta de insumos básicos y elementos de protección para el personal médico. La preocupación por el sistema sanitario es mayor si se tiene en cuenta que al mismo tiempo ya suman 2616 casos de dengue.

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Cuarentena en Chaco: Capitanich no está conforme con el desempeño de su gabinete

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En una de las provincias más golpeadas por la pandemia de COVID-19, Jorge Capitanich sorprendió al reconocer públicamente que no está conforme con el desempeño de su gabinete. Sin embargo, a esta sorpresa le siguió otra. Aunque afirmó que “cuando las cosas no se ejecutan como uno espera, hay que pensar en reemplazos”, en vez de cambiar o renovar parcialmente su equipo, el mandatario de Chaco creó una nueva estructura.

Se trata de la Unidad Oficina del Gobernador, que tendrá funciones de diseño de políticas, asesoramiento, coordinación y control. Evaluará los resultados área por área y podrá redefinir metas. Como su nombre lo indica, dependerá directamente del Ejecutivo provincial. El público ya los bautizó como “los mediadores”.

De momento, sólo se conoce el nombre del titular. Se trata del ingeniero Raúl Oscar Codutti, colaborador de larga data de Capitanich y actual asesor. No obstante, no se sabe la composición de esta peculiar estructura, que en muchas de sus funciones se solapa con las del gabinete ya existente.

“Es un equipo joven, que no tiene la experiencia necesaria para asumir situaciones complicadas en un entorno tan complejo”, había dicho el Gobernador sobre su propio Gabinete. Y, como atenuante, agregaba: “No es una situación de estabilidad, sino de inestabilidad y con pandemia”.

La interpretación de los medios provinciales es que el Gobernador desplazó al gabinete, dejándolo en un segundo plano, y que una nueva estructura controlará desde ahora la gestión. A tal punto es así, que la nueva Unidad tendrá incluso la función de “representar al Gobernador” ante “organismos federales, nacionales, internacionales e interjurisdiccionales”.

La protesta de los médicos en Resistencia

Chaco es una de las provincias más afectadas por el coronavirus. Fue una de las primeras en tener brotes de contagio y luego padeció una importante diseminación del virus entre su personal de salud, tanto de entidades privadas como públicas. El principal hospital provincial, el Julio C. Perrando, en Resistencia, llegó a ser un foco de contagio. Uno de los primeros casos fue el de la Jefa de Consultorios Externos y poco después hasta la directora del establecimiento dio positivo.

Actualmente, la totalidad de los integrantes del Servicio de Cirugía y de Terapia Intensiva del Perrando tuvieron que someterse al hisopado y en las próximas horas se conocerán los resultados.

Chaco es el tercer distrito en cantidad de muertos y, con 1.130.000 habitantes, supera en casos fatales a provincias mucho más pobladas, como Córdoba, Santa Fe, Tucumán o Mendoza.

El sábado pasado, la protesta de médicos y otros agentes de salud, convocada en todo el país, fue particularmente nutrida en Resistencia. Y se replicó en otras ciudades del interior de la provincia, como Sáenz Peña, Castelli y Charata, entre otras.

En la Capital, las autoridades bloquearon en varios puntos la caravana de autos de los profesionales de la salud, que hacía un recorrido por las avenidas más alejadas del centro.

María Ibarra, asesora legal de la Gremial Médica Hospitalaria Chaco, que agrupa a los profesionales de los establecimientos públicos, dijo que a pesar de que todos los médicos tienen permiso para circular en sus vehículos, la Policía les levantó infracciones a los que protagonizaron la manifestación. De todos modos, una caravana de cerca de 200 vehículos llegó hasta el Hospital Pediátrico y allí, sobre la avenida Vélez Sársfield, se hizo un acto al que se sumaron muchos otros trabajadores de la salud, que llegaron a pie hasta el lugar, manteniendo distancia y con barbijos.

En contraste con el bloqueo policial a la caravana de los médicos, el domingo tuvo lugar un “auto-culto” presidido por el pastor Jorge Ledesma, de la Iglesia Cristiana Universal. El hombre aseguró que el Gobernador en persona le había dado permiso para “flexibilizar” el megaevento religioso. Es decir que al acto, en un predio donde se está construyendo un templo de ese culto, no sólo concurrieron personas en sus vehículos particulares, sino también en motos, bicicletas e incluso a pie. En total, unas 900 personas, en lo que constituiría una violación de la cuarentena por tratarse de una actividad no autorizada.

Durante el acto, el pastor Ledesma agradeció especialmente la autorización que recibió del Gobernador y del Intendente para la realización del culto: “Tuvimos una entrevista con el Gobernador, en la que le pedimos permiso para celebrar el Pentecostés (…) Nos permitió reunirnos al estilo de los bancos”, agregó, en referencia a la fila que se hace frente a esos los establecimientos bancarios. A su vez, aseguró que se respetaron las medidas de seguridad a rajatabla.

El pastor Jorge Ledesma

Lo mismo podían decir los médicos que se habían movilizado el día anterior. El detonante de la protesta, explicó Ibarra, fue la situación de los médicos de Córdoba procesados como responsables de contagio. Recordemos que también en Chaco, el Gobierno decidió demandar a varios profesionales, responsabilizándolos de los contagios.

Pero el eje principal del reclamo fue por más elementos de protección y por la situación salarial. En marzo se había firmado un acuerdo por el cual se concedía un 11 por ciento de aumento, aunque sujeto a la revisión por una mesa técnica, que debía debatir otro ajuste en abril, lo que hasta ahora no se ha reunido.

“No se estaba trabajando en buenas condiciones -agregó María Ibarra, en referencia a los primeros contagios en el Hospital Perrando-; después, se distribuyó algo de material de protección, pero en muchos Centros de Salud de Fontana o Barranqueras [Gran Resistencia] sólo tienen barbijos”.

A la marcha también se sumó el sector privado, tanto profesionales como también empresarios de la salud. Su reclamo, explicó a este medio el secretario gremial de la seccional Chaco de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Adrián Bellomi, es presupuestario: reclaman por las deudas de las obras sociales y por un aumento del valor de las prestaciones.

La fachada del Hospital Julio C. Perrando

Parte de la expansión de los contagios entre trabajadores de la salud fue responsabilidad de los establecimientos privados que demoraron demasiado tiempo en adoptar protocolos de prevención y brindar los elementos de seguridad a su personal, como lo explicó en su momento Bellomi, lo que justifica el alto porcentaje de contagio entre los trabajadores de la sanidad.

Actualmente, dijo, se hacen inspecciones por parte de equipos mixtos -de ATSA y del Departamento de Higiene y Seguridad del Ministerio de Trabajo-, pero el Gobierno no ha multado ni sancionado a los establecimientos que estaban en infracción.

Solamente en el sector privado, hay 51 casos positivos entre miembros del personal técnico, administrativo y de servicios, aseguró el secretario gremial de ATSA.

Las clínicas privadas están trabajando entre un 15 y un 20 por ciento de lo normal. Apelan a licencias con reserva de puestos, adelantan vacaciones, no renuevan contratos y prescinden de los que están en período de prueba, expresó Bellomi. Y muchos trabajadores deben destinar parte de sus sueldos, ya modestos, a comprar los elementos de protección que necesitan y que las clínicas no siempre les proveen en la cantidad necesaria.

“Lo que pedimos -agrega- son mesas de discusión tripartita, de gobierno, sindicatos y empresas, para ir discutiendo la salida de la cuarentena y de la crisis”.

Otro brote importante de contagio estalló en el llamado “Barrio Toba”, que no es otra cosa que una villa miseria. “Donde están de a 15 en una casilla, pasan hambre y viven de changas, la cuarentena es muy complicada”, dice María Ibarra. La ciudad levantó terraplenes en torno al barrio aborigen, para aislarlo, pero la gente las pasa por encima para salir a buscar su sustento.

No existe una coordinación en el área metropolitana -Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilela- en cuanto a las medidas de emergencia, explica Ibarra, en parte debido a desinteligencias entre el Gobernador y el alcalde de la Capital, Gustavo Martínez, pese a que son del mismo partido.

A este clima ya enrarecido, se sumó un grave atropello policial contra una familia aborigen, que sufrió un violento allanamiento, detenciones y hasta abusos sexuales.

El gabinete “inexperto” que nombró Jorge Capitanich al inicio de su nueva gestión, en diciembre pasado, fue presentado entonces como una experiencia auspiciosa de renovación. Algo similar había hecho en los cuatro años anteriores como Intendente de Resistencia. “Incorporar jóvenes está bien, pero esta situación es muy compleja”, afirmó Ibarra.

Según el parte epidemiológico oficial del 2 de junio, en Chaco hay 962 casos positivos, de los cuales 358 se han recuperado; hubo 58 muertos, siendo uno de los últimos casos el de una adolescente de 14 años, la víctima fatal más joven a la fecha en todo el país. Finalmente, hay 52 internados, de los cuales 11 son casos graves.

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Dos trabajadores del sanatorio palacios tienen coronavirus

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Este miércoles, se pudo saber que dos trabajadores de un sanatorio privado, ubicado en Córdoba y French de Resistencia, dieron resultados positivos para coronavirus.

Se trata de un hombre que brindaba servicio de guardia y una mujer que realizaba tareas administrativas en el lugar. Ambos se encuentran aislados en sus domicilios, cumpliendo con la prevención.

El primero de ellos trabajó en el sitio hasta el lunes 25 de mayo, mientras que ella acudió hasta el jueves pasado, cuando comenzó con síntomas.

Asimismo, realizaron el hisopado correspondiente a cinco personas más, personal del lugar, para verificar si poseen o no la enfermedad.

Recordemos que en dicho sanatorio hay cuatro pacientes internados con Covid-19, quienes se están recuperando.

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Diputadas repudiaron la violencia policial hacia familias Qom de Fontana

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Las diputadas provinciales Andrea Charole, Élida Cuesta, Liliana Spoljaric y María Elena Vargas manifestaron su absoluto repudio a la violencia institucional ejercida hacia integrantes de una familia Qom de la localidad de Fontana. Lo realizaron a través de un proyecto de resolución presentado ante el Poder Legislativo del Chaco.

Personal policial de la Comisaría Tercera de la Policía del Chaco, ingresaron el pasado sábado, en la casa de una familia indígena del Barrio Banderas Argentinas, sin orden de allanamiento, golpeando a quienes estaban en el interior de la vivienda donde se encontraban mujeres, jóvenes y menores de edad. Los mismos padecieron una sucesión de prácticas brutales, arbitrarias e ilegales por parte del personal policial.

“Son hechos gravísimos que se producen en plena crisis y emergencia sanitaria, otra tragedia más que padecen las comunidades indígenas de nuestra provincia”, expresaron.

Las legisladoras solicitaron al Ejecutivo la investigación en estos hechos delictivos y sancione al personal policial que intervino, los identifique y se establezca responsabilidades y sanciones correspondientes. Además, pidieron que se refuerce el acompañamiento institucional e integral a las víctimas y sus familias.

“Es indispensable reconocer la vigencia de los derechos humanos en tiempos ordinarios y extraordinarios, contar con garantías constitucionales para combatir esta crisis a raíz del contexto pandémico. Debe funcionar un comité de crisis, integrado por todos los actores de la sociedad, a fin de contrarrestar el despliegue de políticas represivas, racistas, arbitrarias y generar, otros modos de conciencia social sin el uso ilegal y arbitrario de la fuerza policial”, sostuvieron.

“La pandemia golpea más fuertemente a los sectores populares, en particular a los pueblos originarios, profundizando las desigualdades e injusticias preexistentes. En este contexto evidenciamos claramente el hostigamiento, la violencia institucional y el abuso de poder por parte de la fuerzas de seguridad, a las que se les delegó el cuidado sanitario. Así es como no tardó en emerger el racismo y la persecución hacia miembros de una comunidad indígena”, señalaron.

“El objeto de la presente Resolución es manifestar repudio absoluto ante un hecho que videncia sin lugar a dudas, la violación de los derechos humanos. En los barrios indígenas, esta pandemia y el aislamiento social se vive de otra manera, a medida que avanzaron los días, aquello que empezó como una duda acerca del comportamiento de las fuerzas policiales en cuarentena, hoy vemos que es una certeza. Este tremendo episodio de violencia brutal contra una familia indígena, el pasado sábado 30 de mayo del corriente años en el Barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana, ocurre en plena pandemia que además de soportar el COVID-19 comparten otro factor de riesgo: el de ser indígenas”, expresaron.

“No podemos negar que estas actitudes y acciones siempre existieron, pero que ahora se agravan, porque las situaciones de crisis o emergencia se prestan para el abuso y las arbitrariedades, ya sea por parte de las fuerzas de seguridad, funcionarios de diversos organismos, centros de salud, vecinos o los agentes económicos. Como ocurre con el pobre, lamentablemente se construye un discurso sobre el indígena que lo muestra como riesgoso o culpable de la propagación del coronavirus, que hay que entenderlo como parte de la demonización que siempre se hace de ‘el otro’ culturalmente hablando”, lamentaron.

“El indígena no es pobre, sino que fue empobrecido por un proceso histórico de expropiación y una lentitud muy grande en revertir esta situación por parte del mismo Estado y que en algunos períodos hasta jugó abiertamente a favor de esa estigmatización y discriminación. Es necesario alzar la voz, ya no podemos seguir tolerando las injusticias que sufren los pueblos indígenas de todo el mundo”, aseveraron las legisladoras.

“Es nuestra obligación como estado responder con igualdad racial a la pandemia del coronavirus. Es necesario que como estado se garantice los derechos de las víctimas de hechos brutales como este y llevar tranquilidad a las familias”, concluyeron.

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