Carlos Iván Barraza, referente del movimiento MTH y ex vocero de SAMEEP, cayó detenido el 19 de enero del 2024 luego de permanecer prófugo y ser encontrado en una vivienda de Puerto Vilelas. Su captura fue el punto final de una investigación judicial que derivó en múltiples allanamientos, donde se descubrió un patrimonio y un manejo de bienes que sorprendió incluso a los investigadores.
Los operativos llevados a cabo, a mediados del año pasado, ordenados por el Juzgado de Garantías N°2, se realizaron en cinco domicilios: tres en Resistencia, uno en Puerto Vilelas, donde lo localizaron, y otro en la zona Costa Inés de Margarita Belén. En esas viviendas se hallaron documentos vinculados a la compra de materiales e insumos financiados por el Estado, factureros emitidos a nombre del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) y de otras áreas gubernamentales, además de papeles del movimiento MTH.
Entre los bienes incautados figura un llamativo listado de vehículos:
· Una camioneta Volkswagen Amarok blanca
· Una Ford Ranger azul
· Tres camionetas Toyota Hilux (dos blancas y una negra)
· Un tractor Massey Ferguson rojo con equipo de arado y rastra
· Un carro metálico de transporte
· Una lancha marca Pacú con motor Yamaha
· Seis canoas celestes
Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue una camioneta perteneciente a la Policía del Chaco, junto a varias escopetas.
Además, se secuestraron grandes cantidades de materiales de construcción ladrillos, cemento, vigas, herramientas, que según la pesquisa habrían sido adquiridos con fondos públicos. También se encontraron bicicletas que habían sido entregadas por el Estado para fines sociales.
Sentencia final
La Justicia chaqueña condeno este viernes a Barraza a 10 años de prisión efectiva por Fraude a la Administración Pública y Peculado, confirmando desvíos millonarios durante la gestión de Capitanich.
Como parte de la sentencia, se ordenó el decomiso total de bienes, así como el recupero de $147.420.000, ya enviados al Tesoro Provincial. Asimismo, se le impuso la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
En este marco, la Justicia dictaminó que toda la documentación societaria, bancaria, administrativa y contractual secuestrada permanezca bajo custodia judicial, por ser considerada soporte clave para acreditar el perjuicio económico ocasionado al Estado. El material deberá resguardarse hasta su utilización plena como evidencia.
Por otra parte, los bienes actualmente en depósito judicial dentro de organismos estatales deberán incorporarse de manera definitiva a los inventarios institucionales correspondientes, mientras que el resto continuará bajo guarda judicial hasta la conclusión del inventario único final ordenado por la Cámara.
La causa principal abrió además una cadena de nuevas líneas investigativas que alcanzan a exfuncionarios del IPDUV, de Ordenamiento Territorial, referentes de fundaciones y familiares del dirigente dentro de SAMEEP.
