La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó hoy el archivo por inexistencia de delito de parte de la investigación por la que está imputado el exministro de Salud, Ginés González García, y que apunta a determinar si se infringió la ley al promover o permitir que unas 70 personas recibieran un supuesto trato especial para recibir la vacuna contra el coronavirus (Covid-19), en lo que se conoció como el “vacunatorio VIP”.
La magistrada sostuvo que en el momento en el que ocurrieron los hechos la ley (que, en ese punto, no ha variado en la actualidad) diferenciaba a las poblaciones objetivo a vacunarse en dos grandes grupos (prioritarios y no prioritarios) y que 65 de las personas en la investigación como receptoras de la vacuna estaban dentro del grupo de los “prioritarios”.
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El grupo de los prioritarios está integrado por mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y personas de 18 a 59 con enfermedades previas, mientras que no existía ni existe un orden normativo de prelación, ya que la resolución del ministerio de Salud 2883/20 expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea, según informaron fuentes judiciales.
Sin embargo, la investigación continuará, y citarán a testimonio a las cinco personas que no se encontraban en el grupo de prioritarios. Además, Capuchetti ordenó profundizar la investigación para saber qué responsabilidad penal pesa sobre el Ginés González García, que sigue imputado penalmente.
Según la jueza, no existe en el Código Penal “un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. Sí podrían, en cambio, ser sometidos a la Ley de Etica Pública.
El escándalo había estallado después de que el periodista Horacio Verbitsky revelara que se había vacunado en el Ministerio de Salud gracias a “su viejo amigo” González García. Sus dichos, a los que posteriormente calificó como “un error grave”, provocaron una serie de denuncias por parte de la oposición, que se concentraron en el juzgado de Capuchetti. Los imputados fueron el exministro y su sobrino -ambos dejaron sus cargos- y la calificación primigenia se encuadraba en el delito de “abuso de autoridad”.
En su momento, González García había asumido “la responsabilidad por la equivocación” del vacunatorio, aunque había remarcado —como lo hizo Capuchetti hoy— que “las personas vacunadas pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente”.
La lista completa del “vacunatorio VIP”:
